El juez federal de Córdoba Ricardo Bustos Fierro dictó el procesamiento de miembros de la “Asociación Cooperadora de la Comisaría Seccional 1ra. de Córdoba”, de oficiales de la Policía provincial y del encargado de un prostíbulo, por los delitos de cohecho y otros vinculados a la trata de personas y el fomento de la prostitución.

Se trata de Tomás Alejandro Yturrioz y Jorge David Farias, miembros de la cooperadora, y de los titulares de la Comisaría Seccional 1ra. de la Policía de Córdoba, en los períodos en los que desempeñaron ese cargo, comisarios Carlos Osvaldo Cejas y Osvaldo Emilio Arias, quien además -tras la apelación formulada por el fiscal federal a cargo de la investigación, Enrique Senestrari- fue detenido por orden de la Cámara Federal. A su vez, se declaró en rebeldía al acusado Héctor Hugo Santillán, que colaboraba con Yturrioz.

La investigación, a cargo del fiscal federal Enrique Senestrari, puso de relieve que “en su proceder delictivo, […] Yturrioz [y demás miembros], conforme la modalidad establecida por el primero de los nombrados, habría confeccionado recibos a nombre de la ‘Asociación Cooperadora de la Comisaría Seccional 1ra. de la Policía de Córdoba’, a fin de acreditar aquéllas entregas de montos de dinero en las que habría intervenido”, señaló el juez Bustos Fierro.

Asimismo, el magistrado agregó que “entre los meses de mayo del año 2008 y abril del año 2013, Yturrioz y sus colaboradores mencionados periódicamente se habrían apropiado de parte del dinero, mientras que los funcionarios policiales citados precedentemente, por sí o a través de sus dependientes, en los lapsos en los que sucesivamente se desempeñaron como titulares de la Comisaría 1ra., habrían recibido la parte restante del dinero o bien dispuesto de ésta por intermedio de Yturrioz, la que habrían destinado a reparaciones de vehículos policiales, vacaciones del personal, adquisición de artículos de librería y/o provisiones para la dependencia y/o a tareas de mantenimiento y limpieza de la misma”.

El dinero provenía tanto de locales comerciales de la zona -como bares, restaurantes, bancos, aseguradoras, entre otros-, así como de aquellos que se dedicaban a actividades ilegales. Este último fue el caso del prostíbulo “Majas”, que no sólo dio inicio a esta investigación sino que también llevó a que su responsable Aldo Oscar Ceballos, fuera procesado por cohecho activo. Además, provocó que a Yturrioz y a los comisarios Arias y Farías se los procese por trata de personas mayores de 18 años agravada y promoción de la prostitución ajena, ambos en calidad de partícipe necesario.

El inicio

La causa constituye una derivación de los autos caratulados “Sumario por presunta Infracción ley 26364” que se tramitaron ante este Juzgado Federal N°1 de Córdoba. Allí, se acreditó que desde el 2009 y hasta el día 30 de septiembre de 2011, Aldo Oscar Ceballos dispuso, sostuvo y administró de manera encubierta un prostíbulo denominado “Majas” ubicado sobre la calle Tucumán N°462 de la capital cordobesa.

La resolución del juez destaca que, “durante ese periodo, precisamente entre los meses de febrero y junio de 2011, [Ceballos] perpetró junto a [otras mujeres imputadas] maniobras en infracción al art. 145 bis primer párrafo e inciso ‘2’ del CP (incorporado por ley 26.364) y al art. 126 del CP, al haber captado, recibido y explotado sexualmente a R.M.G.S.”.

En el marco de la investigación, se secuestró en el prostíbulo “Majas” recibos a nombre de una “Asociación Cooperadora de la Comisaría Seccional 1ra. ex Precinto 1 de la Policía de Córdoba”, que indicaban entregas de dinero a esa entidad realizados con periodicidad por parte de Ceballos. Esto fue lo que motivó que la Fiscalía Federal N°1 de Córdoba, a cargo de Enrique Senestrari, “iniciara, estas actuaciones a los efectos de determinar en qué concepto el prostíbulo ‘Majas’ realizaba aportes de dinero a una ‘Cooperadora Policial’”.

El juez Bustos Fierro indicó que “la Asociación Cooperadora de la Comisaría Seccional 1ra., fue creada en el año 1987 como una asociación integrada por civiles, que tenía por finalidad recibir aportes de dinero de entidades lícitas de esta ciudad (comercios, sindicatos, universidades, colegios, vecinos, etc.) y destinarlos en insumos de la Comisaría Seccional 1ra”.

De esta manera, agregó, “en el año 2002, dicha asociación se constituyó técnicamente como una simple asociación o sociedad de tipo irregular, por encontrarse inhabilitada para funcionar, al poseer el mandato de sus autoridades vencido […], y que a partir de ese año operó sin control alguno de parte del organismo provincial competente”.

Con el correr de los años, “finalmente se conformó como una sociedad de hecho, que actuaba a través de distintos operadores que se fueron sucediendo en el tiempo y que no revestían cargo estatutario alguno, aunque, sin embargo, invocaban ilegítima y ardidósamente para desarrollar su actividad ‘de bien público’ la personería jurídica Nº ‘224 A/87’, puesto que ello demostraba en los aportantes que su funcionamiento se realizaba de manera regular con la supervisión de Inspección de Personas Jurídicas”, destacó el magistrado federal en el procesamiento.

En función de esto, el juez federal precisó que la investigación llevada adelante por Senestrari corroboró que “parte de los fondos ‘recaudados’ por la Cooperadora, tanto al prostíbulo ‘Majas’ como a aquéllas entidades lícitas y vecinos de esta ciudad, efectivamente eran destinados a la Comisaría 1ra. de policía, y que las cobranzas realizadas a tal fin, además de la ilegalidad en su procedimiento, no se concretaban en un marco de espontaneidad por parte del prostíbulo ni de voluntariedad por parte de los restantes aportantes, por el contrario, eran instadas por los titulares de la dependencia policial a cambio de impunidad en aquellos negocios clandestinos, o bien a cambio de brindar protección o seguridad policial en los restantes”.

Las cooperadoras policiales

A continuación, el juez federal explicó que “las Cooperadoras Policiales se crearon por el impulso de vecinos preocupados por la seguridad y ante la falta de medios de las Comisarías para funcionar adecuadamente. Se organizaban rifas, se buscaban adherentes que pagaran mínimas cuotas y con ese dinero se arreglaba el patrullero, se pagaba la nafta y se adquiría papelería”.

“Con el tiempo, la posibilidad de recaudar importantes sumas de dinero hizo que algunas de esas entidades de bien público se transformaran en verdaderas empresas, con el aval de comisarios. Por esta razón, llegó un momento que los vecinos se hicieron a un lado para no involucrarse con personas extrañas que en algunos casos administraban más de una Cooperadora”, añadió.

Sin embargo, continuó el magistrado federal, “el procedimiento de recaudación entre los comerciantes siempre fue infalible, puesto que los Comisarios miraban para otro lado sin importar la procedencia del dinero ni el método empleado para su recaudación, quien podía entonces negarse a ‘realizar aportes’ a las comisarías a través de las ‘Cooperadoras Policiales’; a todas luces la ‘colaboración’ se tornaba compelida por el temor de no contar con la debida seguridad o protección policial o con su intervención ante un eventual hecho de violencia o inseguridad”.

Pero, además, “el negocio ilícito de las Cooperadoras Policiales se vio intensificado, cuando sus operadores evidenciaron que el mismo podía tener mayores dimensiones, pues el cobro ilegítimo de aportes a los comerciantes de la ciudad podía, por qué no, trasladarse también a aquéllos ilícitos, a la sazón ‘whiskerías’ y/o ‘casas de masajes’, verdaderos prostíbulos que funcionaban en su mayoría en pleno centro de la ciudad, para lo cual debían necesariamente ‘aportar’”, prosiguió.

Por esta razón, concluyó Bustos Fierro, “es que los operadores de la ‘Asociación Cooperadora de la Comisaría Seccional 1ra. Ex Precinto 1 de la Policía de Córdoba’ en su proceder delictivo, optaron ardidosamente por no regularizar su situación en Inspección de Sociedades Jurídicas, puesto que dicha circunstancia, sumada a la venia policial, les dejaba el camino abierto para realizar cobros desmedidos e ilegales de dinero independientemente de su procedencia, sin control alguno del organismo competente para la supervisión de su funcionamiento, autoridades y balances, el cual, sin embargo, invocaban para recaudar”.