El titular de la Fiscalía Federal N°2 de Córdoba, Gustavo Vidal Lascano, imputó al intendente de la Municipalidad de la capital provincial, Ramón Javier Mestre, por considerar que “habría inducido a error a la Secretaría de Transporte de la Nación, a los fines de obtener ilegítimamente para la empresa ‘ERSA URBANO S.A. y AUTOBUSES SANTA FE S.R.L. U.T.E.’, los cupos para el subsidio del gasoil”.

De esta defraudación en perjuicio de la administración pública, también habrían participado Juan Pablo Díaz Cardeilhac y César Alejandro Ferreyra, ex y actual secretario de Transporte y Tránsito de la Municipalidad de la ciudad, y Juan Carlos Romero, responsable legal de la firma, por lo que también resultaron imputados.

La investigación se inició a partir de la denuncia formulada por el concejal Daniel Alejandro Juez, el pasado 21 de marzo ante la Fiscalía de Vidal Lascano.

En el escrito, el representante del MPF señaló que Mestre, Díaz Cardeilhac y Ferreyra habían presentado una declaración jurada ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) en la que consignaron que ocho colectivos pertenecían a la UTE cuando en realidad, “conforme a la prueba colectada, se trataba de vehículos de transporte automotor de los denominados ‘buses articulados’ y que eran de propiedad de la empresa estatal ‘Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado’ (TAMSE) a cuyo servicio se encontraban afectados”.

Con motivo de esa declaración jurada, realizada el 29 de agosto de 2013, la Secretaría de Transporte de la Nación habría incluido a esos vehículos en el cupo del subsidio nacional al gasoil. Esto motivó que la empresa ERSA, licenciataria del servicio de pasajeros de la ciudad de Córdoba, fuera acreedora del beneficio, cuando en verdad no era la titular de los vehículos, así como tampoco los explotaba comercialmente.

La maniobra por la que fueron imputados el intendente, los funcionarios y el empresario se extendió hasta marzo de este año, momento en el que “cesó a raíz de una auditoría realizada por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), la que al advertir la situación dispuso el cese inmediato de la percepción de los subsidios al gasoil por parte de la empresa” ERSA, detalló Vidal Lascano en el escrito.

En el caso de Romero, el representante del Ministerio Público puntualizó que, en su condición de presidente o responsable legal de la firma, “habría facilitado la estructura de su empresa para justificar y percibir el subsidio indebidamente tramitado ante la CNRT y previsto por la Secretaría de Transporte de la Nación”, mediante una declaración jurada falsa.

El monto por el que se habría defraudado al Estado Nacional aún no se encuentra determinado, pero se estima en varios miles de pesos.

Entre las medidas solicitadas por el fiscal Federal, se encuentran tomar declaración indagatoria a los imputados y testimonial a los choferes de los ómnibus afectados.