El Juzgado Federal N°1 de Córdoba procesó sin prisión preventiva a seis personas acusadas de integrar una asociación ilícita fiscal. Los imputados están acusados de realizar diversas irregularidades en torno a la concesión de las franquicias de la cadena de panaderías Lapana y a la explotación de cada uno de los comercios que operaban bajo ese nombre comercial, junto con el uso de un software informático para realizar maniobras de evasión tributaria.

El juez federal Ricardo Bustos Fierro hizo lugar al planteo del titular de la Fiscalía Federal N° 1 de Córdoba, Enrique Senestrari, luego de que impulsara la acción penal e interviniese en la investigación, a partir de que la Dirección Regional Córdoba de la AFIP DGI pusiera en conocimiento una serie de irregularidades fiscales referidas a la facturación y registración de ventas de las panaderías y confiterías de la firma.

El avance de la investigación permitió descubrir numerosas irregularidades en torno a la concesión de las franquicias de la cadena y la explotación de cada uno de los comercios. Los dos dueños de la firma fueron procesados en calidad de coautores, mientras que tres de sus empleados y el analista de sistemas encargado de desarrollar el programa informático utilizado para las maniobras fraudulentas fueron señalados como partícipes secundarios. Para llevar a cabo estos ilícitos, se habrían valido de distintas personas jurídicas, ya fuere como integrantes o a través de terceros.

El avance de la investigación permitió descubrir numerosas irregularidades en torno a la concesión de las franquicias de la cadena y la explotación de cada uno de los comercios

De acuerdo al fallo, los dos principales imputados “habrían organizado una asociación destinada a cometer delitos contemplados en la ley 24.769 (...) con la finalidad de obtener una mayor rentabilidad económica que la que efectivamente ponían de manifiesto ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, ello en el marco de las actividades comerciales que desarrollaban, estas eran producción y distribución de productos de panadería; otorgamientos de franquicias para la comercialización de productos de panadería y autorización para la utilización de la marca Lapana”.

Los acusados proveían a los locales franquiciados y habrían convenido con sus beneficiarios la venta de productos de panadería de carácter marginal, las cuales habrían promediado el veinticinco por ciento de las compras que efectuaba cada local. Para ello, se establecía una regla que facilitaba la elusión de los controles fiscales en la que las compras correctamente facturadas se hacían mediante pago bancario, mientras que el excedente se realizaba en efectivo en las oficinas de la firma. Dentro de esa cadena, el gerente comercial era el encargado de la atención a los nuevos interesados en franquicias, a quienes ponía al tanto de los pormenores de la relación comercial, mientras que dos empleadas del área contable realizaban los cobros e impartían instrucciones de cómo efectuar los pagos.

Además, se alentaba a los clientes a utilizar un mismo estudio contable, para de esa formar unificar su respuesta ante los requerimientos que les efectuara el fisco, ocultando su verdadera situación económica y patrimonial. Los principales responsables de esta organización también habrían dispuesto que un empleado encargado del trato con proveedores le solicitase al encargado del sistema informático que borrase lo registros en caso de ser necesario y alertase a los franquiciados cuando personal de la AFIP DGI inspeccionara alguna de las sucursales y les indique, en ese caso, que emitiese la mayor cantidad posible de tickets con controlador fiscal.

Embargos

La decisión del magistrado también incluye el embargo de los bienes de los seis imputados por una suma de cincuenta mil pesos para cada uno de ellos.