27 de mayo de 2024
27 de mayo de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Interviene el fiscal federal Enrique Senestrari
Córdoba: pidieron investigar a una organización que captaba a jóvenes en situación de pobreza para trasladar droga hacia Europa
La banda estaría compuesta por colombianos -actualmente radicados en España- y argentinos. De acuerdo a la investigación preliminar, habrían utilizado a jóvenes cordobeses para que, desde distintos países de Latinoamérica, llevaran cocaína hacia España y Portugal. Por esta razón, el fiscal también imputó a los presuntos integrantes el delito de trata de personas.

El titular de la Fiscalía Federal N°1 de Córdoba, Enrique Senestrari, solicitó el inicio de la investigación de una presunta organización narcocriminal que se dedicaría a la captación de jóvenes en situación de pobreza para trasladar estupefacientes hacia Europa. Precisamente, por el uso de estas personas como "mulas", también los imputó por trata de personas. En la investigación preliminar, intervinieron tres oficiales de la policía provincial -que ya habían colaborado exitosamente en otras pesquisas de esa dependencia del MPF- junto con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

La banda estaría conformada, en principio, por dos varones y tres mujeres -dos de ellos de nacionalidad colombiana y radicados en España-. De acuerdo a lo señalado por Senestrari, los cinco imputados “habrían formado parte de una asociación con fines de cometer diferentes delitos, fundamentalmente el de tráfico de estupefacientes desde América Latina hacia el continente Europeo”. Para esto, generalmente captaban en la ciudad de Córdoba “jóvenes de escasos recursos económicos y de bajo nivel de instrucción”, a los que luego le pagaban el traslado aéreo a Europa, “con escalas en diversos países latinoamericanos, tales como Brasil, Panamá, Ecuador y Perú”, agregó.

Esta última razón fue lo que llevó al fiscal a considerar que si bien “resulta novedosa la aplicación de la ley 26364 [sobre prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus victimas] en los casos de narcotráfico”, de todas maneras “esta ley abarca en su aplicación a todos los supuestos en los que se da la explotación de una persona. No es por casualidad que a los seres humanos utilizados para el transporte de estupefacientes se los llame comúnmente ‘Mulas’, por hacer referencia a su condición de animal de carga”.

Precisamente en las escalas, agregó Senestrari, los jóvenes captados eran sometidos “a la tarea de recibir […], de manos de miembros no individualizados de la organización, cocaína camuflada dentro de su equipaje, para luego continuar sus vuelos hacia destinos tales como Portugal y España”, precisó el fiscal federal. Allí, eran contactados por el ciudadano colombiano o a quien él designara, “para entregarle el estupefaciente y luego retornar a la Argentina en vuelos que éste les proveía”.

El representante del MPF señaló que “esta organización habría dispuesto como medida fundamental que las personas que enviaran para trasladar el estupefaciente a Europa, debían salir de la Argentina ‘absolutamente limpias’, es decir, sin portar ningún elemento que pudiera despertar sospechas en los controles policiales y migratorios. Se les instruía para que desplegaran un discurso creíble ante las autoridades en caso de ser interrogados, consistente generalmente en explicar que emprendían viaje para encontrarse con un novio o novia, o con familiares en el lugar de destino”.

La segunda medida consistía en que esas mismas personas, al llegar a las diversas escalas latinoamericanas de sus vuelos, tales como Río de Janeiro, Panamá, Quito, entre otros, “se alojaran en un hotel, donde serían contactadas por miembros de la organización no identificados, quienes les entregarían la cocaína camuflada para ser incorporada en el equipaje corriente de un viajero”. Luego de esta entrega, “las víctimas continuarían su viaje portando el cargamento ilegal y una muy escasa suma de dinero, abandonados a su suerte ante los controles migratorios y policiales europeos”, indicó Senestrari.

Si no eran detectados en los controles de arribos, “las víctimas debían trasladarse hasta Europa, donde entregarían el cargamento y recibirían instrucciones para viajar de regreso al país”, añadió.

En cuanto a los imputados, el fiscal federal puntualizó que “la organización habría funcionado jerárquicamente estructurada, desplegando desde el exterior de la República Argentina el rol de dirección y financiamiento” el ciudadano colombiano en connivencia con su compatriota. Mientras que en Argentina, el rol de mando de las decisiones estaba a cargo del hombre acusado, “quien desde su lugar de detención en el establecimiento penitenciario Bower y valiéndose de comunicaciones telefónicas y visitas, habría dirigido a [las dos mujeres] en sus tareas de captación de las personas a explotar, en su traslado, y en la recepción, ocultamiento y entrega del estupefaciente en Europa”.

Respecto a las víctimas, Senestrari resaltó que los imputados se habrían encargado de que “cambiaran lo que ellos definían como su aspecto de personas de bajos recursos, proveyéndoles servicios odontológicos, corte y teñido de cabello, ropa nueva, etc. para que parezcan jóvenes turistas de clase media como forma de no llamar la atención ante los controles migratorios y policiales durante sus viajes”. Asimismo, como algunos fueron detenidos en otros países mientras trasladaban la droga, solicitó “la realización de todas las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos de las víctimas […], en concreto la repatriación y la puesta en contacto con los organismos de protección”.

Los viajes

De acuerdo al requerimiento de instrucción, por ahora estarían comprobados cinco viajes. El primero sucedió el 31 de octubre de 2014, y el joven utilizado para transportar la cocaína partió desde Quito hacia Madrid, ciudad en la que fue detenido, por lo que actualmente se encuentra en una prisión española.

Otra de las víctimas sería “una joven madre soltera, sin trabajo ni domicilio fijo, afectada por una grave enfermedad, para que acepte bajo amenazas ser explotada en el transporte de estupefacientes hacia Europa en provecho de la organización”, explicó el fiscal federal.

En este marco, el 14 de noviembre de 2014, Senestrari presume que la mujer captada debería haber emprendido un viaje desde Panamá hacia Ámsterdam y desde allí, a su destino final, Lisboa. Sin embargo, en Panamá fue detenida por las fuerzas de seguridad, por lo que se encuentra detenida en aquel país. El ciudadano colombiano “habría contratado un abogado para que asuma su defensa técnica, y en ese marco, dicho profesional, cumpliendo instrucciones [del hombre], habría amenazado a la víctima con la intención de exigirle que no declare cosas que comprometan a la organización, diciendo: ‘acuérdese que usted está acá y su familia está allá’”, señaló Senestrari. Sin embargo, por este motivo la víctima “renunció a la defensa de este abogado y fue asistida por un defensor oficial”.

Otros dos jóvenes -un varón y una mujer- también están señalados como víctimas de la organización, aunque no fueron detenidos. El primero, incluso, habría logrado efectuar con éxito el traslado, mientras que la segunda, al notar que podría ser detenida, regresó al país desde la ciudad de San Pablo.

El último caso descripto en el requerimiento del fiscal señala la misma modalidad de captación y explotación de la víctima, aunque esta vez sí fue apresado al llegar a Málaga, España.

Trata de personas y narcocriminalidad

De este modo, Senestrari imputó a los cinco involucrados por asociación Ilícita (artículo 210 del Código Penal); organización y financiamiento para el transporte de sustancias estupefacientes (artículo 7 de la ley 23737 -conocida como de narcotráfico), y en la figura penal de trata de personas agravada (artículo 145, ter inciso 7, del Código Penal) todos en carácter de coautores (art. 45 del Código Penal).

En cuanto a la calificación por trata de personas, el fiscal federal remarcó que, “de acuerdo al Informe Mundial sobre las Drogas elaborados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), un gramo de cocaína en España cuesta U$SD 79,5 mientras que en argentina el valor es de U$S 5,90. Es decir, que por un cargamento de 5 kilos, el vendedor en España recauda U$S397.500”.

Por esto, “aun cuando es evidente que esa ganancia deben restársele los costos de los intermediarios, resulta a todas luces significativa la diferencia entre esa altísima suma en dólares estadounidenses y los $3.000 pesos argentinos que obtiene quien asume los riesgos del traslado del material estupefaciente. Sólo en el caso de que el transportista sea detenido y las autoridades jurisdiccionales del caso decidan investigar los estratos superiores de la organización, estos se verán amenazados. De lo contrario, gozarán de ganancias infinitamente superiores a las que obtendrá quien en definitiva asume la mayor probabilidad de enfrentar condenas penales por el tráfico ilícito”, agregó.

El representante del MPF concluyó señalado que “esta situación de explotación del Ser Humano, principal objetivo a prevenir por la ley 26364, es la que pudo ser develada en este expediente por lo que se fundamenta la calificación legal sugerida”. Incluso, destacó que “la Ley modelo contra la trata de personas elaborada por la Oficina de las Naciones unidad contra la Droga y el Delito y la Directiva 36-11 de la UE, [...] han establecido expresamente como finalidad de Explotación el empleo de personas para cometer delitos”.