03 de febrero de 2023
03 de febrero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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La investigación fue realizada por el fiscal Enrique Senestrari
Córdoba: procesaron a tres penitenciarios por apremios ilegales a dos detenidos
Las víctimas fueron sometidas a una golpiza y luego encadenadas en un hospital intramuros. Los registros de las cámaras de seguridad del penal habrían sido borrados, pero los testimonios, los documentos y los peritajes médicos probaron el caso. Ocurrió en el Complejo 1 de Córdoba en febrero de 2011. Los imputados son agentes provinciales.

El juez Federal de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, procesó sin prisión preventiva a tres agentes del Servicio Penitenciario de Córdoba imputados por el fiscal Enrique Senestrari de haber aplicado apremios ilegales en la madrugada del 4 de febrero de 2011 a dos hermanos detenidos en el Establecimiento Penitenciario N°1 de esa provincia “Reverendo Francisco Luchesse". Los agentes son el entonces oficial de servicio, adjutor principal Walter Ceballos (39); el celador central, subadjutor Nicolás Murúa (31); y el auxiliar celador central, ayudante de segunda, Adrián Bazán (43).

Durante el trámite de la causa, cuya pesquisa fue delegada por el juez en la Fiscalía, se logró acreditar que los tres imputados se presentaron alrededor de las 00:30 del 4 de febrero de aquél año en la celda que las víctimas ocupaban en el módulo 2 e intentaron responsabilizarlos de la rotura de un interruptor de encendido de la luz. "Esto va a ser cortito, quién se va a hacer cargo", reprodujo una de las víctimas en su declaración las palabras de uno de los penitenciarios.

El joven relató que luego los sacaron de la celda, los esposaron, notando allí que también habían sacado a los personas alojadas en otras siete celdas. Indicó además que los trasladaron a todos esposados hasta la central del pabellón, a ellos los ingresaron a un box y durante su testimonio dijo que creer recordar que las otras personas también fueron ingresadas a distintos boxes.

Los guardias, narró el juez en el procesamiento, los comenzaron a increpar diciéndoles que "se hicieran cargo, que firmaran la sanción". "Ante la negativa de los denunciantes, el oficial Cevallos y los agentes Murúa y Bazán les dijeron 'qué, ¿son pesados ustedes dos?", continúa el magistrado.

Una de las víctimas declaró que cuando Bazán le pegó a uno de los jóvenes, el hermano intentó defenderlo, lo que provocó la intervención del resto de los penitenciarios, quienes lo redujeron, lo tiraron al piso y comenzaron a pegarles patadas y golpes de puño. "Quien estaba más ensañado era el oficial Ceballos, ante lo cual el declarante comenzó a gritar que los iba a denunciar", consideró el juez.

Las víctimas señalaron que "las personas que participaron en la golpiza eran aproximadamente ocho", pero que sólo pudieron identificar a Ceballos, Murúa y Bazán y dijeron que inferían que "el resto del personal era de guardia externa".

Tras la golpiza, los hermanos fueron trasladados al hospital del módulo, donde fueron revisados y quedaron alojados hasta la mañana siguiente, atados con cadenas a una cama, lo cual fue narrado al fiscal por el propio personal de sanidad.

Las lesiones por los golpes fueron corroboradas luego por el médico de la Procuración Penitenciaria de la Nación, quien les tomó fotografías a las víctimas y dictaminó que se debieron, en principio, "a golpe/choque con/contra superficie dura o semidura".

El fiscal Senestrari requirió entonces el allanamiento del penal, que fue llevado a cabo el 17 de febrero por orden de Bustos Fierro. Entre otras medidas, el representante del Ministerio Público pidió secuestrar el registro de las cámaras del penal, que permitieran visualizar lo que ocurrió en el módulo, y la documentación relativa a las víctimas y al plantel de agentes penitenciarios que aquella madrugada estaban cumpliendo funciones en la cárcel.

Con la documentación, el juez y el fiscal pudieron constatar que los dos hermanos fueron sancionados junto a otros internos y llevados a la enfermería, donde quedaron alojados desde la medianoche hasta las 10:00 del 4 de febrero, "con hematomas y edemas en la región frontal y en algunas partes del cuerpo". Con las planillas de personal, en tanto, pudieron corroborar que los tres imputados estaban "a cargo del servicio de guardia interna del pabellón" en el mismo momento de los hechos.

Pero los registros de las cámaras de video fueron imposibles de visualizar, justo en la franja comprendida entre las 00:00 y la 01:00. El sistema de filmación de la cárcel se activa cuando registra movimientos y demora desde fracciones de segundo hasta pocos segundos en comenzar a registrar. La grabación se concretó, aunque no logra verse la imagen. El perito de la Policía Federal encargado de la tarea explicó: "Puede ser un problema de transmisión de datos, un problema en el disco rígido o una intervención humana de alquien que lo borró".

Para el juez Bustos Fierro, la grabación "habría sido eliminada, ello para evitar la corroboración de los dichos de los denunciantes mediante imágenes, como también la participación en el hecho de otros sujetos".

Por otro lado, el juez dictó la falta de mérito del director del módulo 2, alcalde Ricardo Ubaldo Altamirano (41), quien fue imputado por el fiscal por la omisión de evitar los apremios ilegales, dado su rol de control sobre el personal implicado en los hechos. Bustos Fierro consideró que no tiene la certeza de que el imputado "haya tenido conocimiento de la situación violenta que se habría generado la madrugada del  4 de febrero de 2011" porque la prueba documental secuestrada en el allanamiento da cuenta de que el funcionario penitenciario no estaba en el penal a la hora en que ocurrieron los hechos.