El 19 de julio pasado, Manuel Alberto Giménez, presidente del partido Unión Cívica Radical, había solicitado que se ordenara el cese inmediato de avisos publicitarios en los que aparecía el gobernador De la Sota. Para Giménez, estos spots habían sido emitidos en violación de diversas disposiciones legales por estar dirigidos a la captación del sufragio para la alianza oficialista “Unión por Córdoba” y su candidato a diputado titular n° 1, Juan Schiaretti.

Luego de analizar las denuncias, el fiscal federal con competencia electoral, Enrique José Senestrari, consideró que una de las publicidades, “a poco que se lee o escucha su contenido”, había sido realizada “exclusivamente a los efectos de la captación de sufragios a favor de los candidatos de la agrupación política de la que es parte el Sr. Gobernador”.

Para sostener esa postura, Senestrari explicó que en el spot, De la Sota hacía referencia a las próximas elecciones del 11 de agosto, realizaba una serie de valoraciones acerca de la relación del gobierno provincial con el gobierno nacional, publicitaba una serie de actos de su gobierno (Boleto Educativo Gratuito, Programa Primer Paso y Becas Académicas) y decía expresamente “para que se escuche nuestra tonada y se sienta nuestra dignidad en el recinto de la Cámara de Diputados”. A continuación, el gobernador pedía a la ciudadanía que votara a sus candidatos: “Votá por quienes más te aseguren que van a defender tu Córdoba. Córdoba no para, y vos ya sabes lo que debes hacer”.

De esta manera, para el fiscal, si bien destacó que en la publicidad no se mencionaba a ninguno de los candidatos que propone Unión por Córdoba, sí resultó claro que la única finalidad era la de “promover la captación del sufragio a favor de los candidatos de su agrupación política”. Esa conducta, explicó Senestrari, se encuentra prohibida y sancionada por el Código Electoral Nacional.

A raíz de lo anterior, el magistrado del MPF solicitó ante el juez que se ordenara el inmediato cese de la publicidad en infracción, y abriera una causa para analizar la posibilidad de aplicar la sanción prevista en el Código Electoral de la Nación, que puede ser inhabilitación de uno a diez años para el ejercicio de cargos públicos.

Por otra parte, Senestrari solicitó que se desestimara la denuncia también presentada por el presidente de la UCR de Córdoba respecto a otros dos spots publicitarios. En esos casos, consideró que las publicidades cuestionadas “eran actos del Estado provincial y no de las agrupaciones políticas, sus listas internas ni de las candidaturas oficializadas”. En relación con este punto, el fiscal agregó que “terminaría por convertirse en un verdadero acto de censura prohibir o sancionar la mera presencia de un candidato en el marco de un acto de anuncio, presentación o inauguración de una obra pública”, como sucedió en el caso de los dos spots denunciados por la UCR.