21 de febrero de 2024
21 de febrero de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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El fiscal Carlos Schaefer había recurrido el primer fallo
Corrientes: agravaron las penas a los condenados por un caso de trata de personas
En línea con lo solicitado por el representante del MPF, los imputados recibieron penas más graves por haber sido considerados responsables del delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes agravó las penas de tres personas acusadas del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, tal como había ordenado la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, que en julio había hecho lugar a un recurso presentado por el fiscal Carlos Schaefer contra la sentencia dictada por los jueces Víctor Alonso, Fermín Ceroleni y Lucrecia Rojas de Badaro.

El TOCF correntino dispuso que Rafael Alejandro “Caño” López Atrio ahora deberá cumplir seis años de prisión, en lugar de los cuatro y medio que había recibido inicialmente. Por su parte, el monto impuesto a Elisabel “Alicia” De Ávila y a su hija Ana Mirian “Ani” López Bravo aumentaron a cinco y cuatro años respectivamente, cuando los magistrados habían dispuesto tres años.

En su fallo, el máximo tribunal penal había estimada pertinente la aplicación "de la agravante por la intervención de tres personas en forma organizada" y dispuso que se “realice una nueva mensuración de las penas”.

La investigación había comenzado en 2008, cuando dos jóvenes de 18 y 20 años de edad denunciaron a la Policía Federal haber sido obligadas a ejercer la prostitución en los locales correntinos “Camila”, ubicado en la localidad de La Cruz, y “Capricho”, de Mercedes. Según consideró probado el fiscal Schaefer en el alegato realizado el año pasado, “Cano” López Atrio captaba a las mujeres y les prometía vivienda; de Ávila las acogía y regenteaba el cabaret “Camila”, mientras que López Bravo administraba “Capricho” y era la titular de la habilitación municipal.

Asimismo, el representante del Ministerio Público Fiscal señaló entonces que “las víctimas se encontraban en un estado de vulnerabilidad porque eran de bajos recursos y necesitaban trabajar. Y de eso se aprovecharon los imputados. Incluso les retuvieron sus documentaciones”.