09 de diciembre de 2022
09 de diciembre de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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El Juzgado Federal de Paso de los Libres los citó para septiembre próximo
Corrientes: llamaron a prestar declaración indagatoria a exfuncionarios públicos y a un empresario por irregularidades en una obra vial en Santo Tomé
Fue a solicitud del fiscal federal interino de Paso de los Libres, en el marco de una investigación en la que presta colaboración la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.

El Juzgado Federal de Paso de los Libres dispuso la citación a prestar declaración indagatoria a distintos exfuncionarios de la Dirección Nacional de Vialidad, al exintendente de Santo Tomé y a un empresario en el marco de una causa donde se investiga si una empresa constructora resultó ilegítimamente beneficiada en la adjudicación y ejecución de una obra vial en el ingreso a esa ciudad.

La citación fue dispuesta a instancias de lo solicitado por fiscal federal interino de Paso de los Libres, Aníbal Fabián Martínez, quien llevó adelante la investigación con la colaboración de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), representada por la fiscal general interina de Investigaciones Administrativas, María Andrea Garmendia Orueta. Las audiencias fueron dispuestas para celebrarse a partir de septiembre próximo.

La obra pública objeto de investigación es un proyecto vial que se remonta por lo menos al año 2008 y que se licitó en 2011, pero cuya ejecución inició en 2013. La obra en cuestión fue financiada por el Estado Nacional a través de transferencias efectuadas por la Dirección Nacional de Vialidad al municipio. Con un valor originalmente previsto de 17,3 millones de pesos a valores de enero de 2011, se habrían terminado desembolsando por ella aproximadamente 22 millones de pesos.

En el marco de la investigación, el MPF detectó distintas irregularidades en el procedimiento que serían indicativas de la inexistencia de una verdadera concurrencia en la licitación y de su direccionamiento a una empresa vinculada a un funcionario del gobierno nacional. Una vez adjudicada la obra, se observó una demora injustificada que postergó su inicio en casi dos años, lo que habría provocado un aumento de su costo por las consecuentes redeterminaciones de precios.

Finalmente, se señalaron modificaciones sobrevinientes e ilegítimas en el contrato, las cuales llevaron a que de los cuatro tramos en los que se preveía trabajar (que originalmente abarcaban incluso la colocación de iluminación y bicisendas) sólo se ejecutaran tareas de repavimentación y reconstrucción de calzada en uno, además del ensanche de una alcantarilla no previsto en los pliegos.