De acuerdo con los expedientes, al menos cuatro integrantes de la Policía Metropolitana que participaron tanto del operativo de desalojo del Parque Indoamericano, que el 7 de diciembre de 2010 culminó con dos personas muertas, como en el realizado en las proximidades del Centro Cultural San Martín el 13 de marzo del año pasado, en el que tres hombres sufrieron heridas por disparos con postas de plomo. Se trata de integrantes  de la División de Intervenciones Complejas (DIC), dependiente del Área Operaciones Especiales de la fuerza porteña.

Dos de ellos, Diego Castillo y Hernán Giuliodori, fueron procesados en la causa por la represión en el parque de Villa Soldati. Los fiscales Sandro Abraldes y Nuria de Ansó (ad-hoc) solicitaron y obtuvieron esa resolución sobre 30 uniformados de la fuerza porteña y 11 de la Policía Federal. . Los otros dos son Gabriel Canavide y Gabriel Pereira de la Rosa, fueron sobreseídos.

La causa por la represión en la Sala Alberdi 

Entre la noche del 12 de marzo de 2013 y la madrugada del 13, efectivos de la Policía Metropolitana llevaron adelante un operativo -a pedido de una fiscal contravencional de la Ciudad- en las cercanías del Centro Cultural San Martín, ubicado en Sarmiento 1551, que produjo heridos con balas de plomo. La causa quedó radicada en la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°7.

Germán Darío De los Santos, Esteban Ruffa y Mario Fumaroni se encontraban en la esquina de la Avenida Corrientes y la calle Paraná. Los dos primeros acudieron al lugar como reporteros gráficos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, y Fumaroni se había acercado para solidarizarse con quienes se oponían al cierre de la Sala Alberdi del complejo teatral de la Ciudad. Los tres fueron alcanzados por postas de plomo: a De los Santos, una bala le atravesó la pierna y dejó un orificio de salida; Ruffa, por su parte, al día de hoy tiene alojada la munición en la tibia izquierda; a Fumaroni, en cambio, los médicos del hospital Argerich le extrajeron el proyectil, que fue analizado por la División Balística de la Policía Federal.

La Fiscalía logró determinar la identidad de los efectivos que integraron el procedimiento, al encomendar a la Gendarmería Nacional un peritaje de filmaciones e imágenes sobre el desplazamiento obtenidas por la propia fuerza local, las cámaras de los domos del GCBA y autores independientes. Además, consideró debidamente acreditada la utilización de postas de plomo, motivo por el que el 7 de marzo de este año impulsó una serie de diligencias que no fueron acompañadas por el Juzgado de Instrucción N°38, a cargo de Wilma López. Los disparos se habrían efectuado con escopetas Mossberg calibre 12.70, utilizando cartuchos de escopeta.

En esta causa se encuentran imputados tres integrantes de la Metropolitana. La decisión del Juzgado de rechazar algunas medidas impulsadas por el Ministerio Público -sólo dispuso un allanamiento en la División Intervenciones Complejas del Área Operaciones Especiales sobre nueve pedidos, no convocó a recibir declaraciones indagatorias y tampoco decretó el secreto de sumario-, fue recurrida a la Cámara del Crimen que rechazó la queja al interpretar que la magistrada de instrucción “las entendió inconducentes”.

Hoy, el juzgado se declaró incompetente y decidió enviar la investigación a la justicia de menores, al vincularla con otra causa. La Fiscalía N°7 impuganará esa resolución, por lo que la Cámara del Crimen deberá expedirse nuevamente.

En esta causa también se encuentran investigados dos integrantes de la Policía Federal. Se trata de dos altos funcionarios de la Comisaría 3ª  acusados por el supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público en calidad de coautores. Según el dictamen de la Fiscalía, “ha quedado demostrado que los citados funcionarios estaban al tanto de detonaciones de armas de fuego y que en consecuencia había heridos por su utilización, sin embargo no adoptaron ninguna medida al respecto”.