El juicio al que la ex polifuncionaria menemista María Julia Alsogaray llegó acusada de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional se reanudó hoy con los testimonios de tres testigos. En el debate oral y público, se busca determinar si entre 1995 y 1998 se cometieron irregularidades en la contratación de una serie de obras realizadas en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, por las que también están imputados el ex subsecretario del organismo Enrique Kaplan y el ingeniero Santiago Bignoli.

En la jornada de hoy, declararon la comisaria retirada Marta Confarone Gregorián, quien prestó servicio adicional hasta 1999 y fue propuesta por las defensas de todos los imputados. La ex uniformada dijo que “le suena” el nombre de Bignoli y que a Kaplan lo había visto varias veces pero “trataba de no molestarlo”. Luego, fue el turno de Carlos Melilli, quien se desempeñó en el área de Compras y fue ofrecido por la fiscal Sabrina Namer, el fiscal ad-hoc Miguel Yivoff y la Oficina Anticorrupción, que interviene como querellante. Melilli afirmó conocer a Bignoli, a quien señaló como quien “estaba en el tema de los expedientes de reparación del edificio. Intervenía en la confección de los requerimientos que le llegaban”.

Cabe recordar que según la acusación fiscal, mediante la violación de diversas normas de administración financiera y de contrataciones del Estado, entre 1995 y 1998 los imputados cometieron irregularidades en la remodelación y el mantenimiento del edificio de la calle San Martín 459. Las maniobras habrían significado un beneficio patrimonial ilegal y un perjuicio para las arcas públicas: a través de resoluciones y actas firmadas por Alsogaray y Kaplan, la Secretaría de Recursos Naturales habría realizado la contratación directa de Bignoli -junto con su padre Arturo- para el relevamiento y posterior refacción del inmueble, violando el régimen previsto. A su vez, las obras fueron fraccionadas por etapas delimitadas y por el sistema de contratos separados por rubros menores a 100 mil pesos, lo que encareció el precio final de lo que se podría haber hecho en un único proyecto.

En la audiencia del jueves 6 de noviembre, el arquitecto Juan Carlos Poli -quien participó como perito de la Comisión Nacional de Museos y Monumentos- había ratificado sus dichos de la etapa de instrucción de la causa. Ante las partes y los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 José Martínez Sobrino, Julio Panelo y María del Carmen Roqueta, afirmó que la división por etapas “encareció las obras” y que de esa forma se evitó convocar a una licitación pública. Finalmente, señaló que las firmas contratadas cotizaban por debajo del presupuesto previsto para lucir ofertas “tentadoras”, pero que después “se aceptaron adicionales que igualaron el precio”.