La fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y titular del Programa para la Protección de Usuarios y Consumidores del MPF, Gabriela Boquin, dictaminó en favor de que se publicite una acción colectiva, a través de radio y televisión. La opinión de la representante del MPF se produce en el marco de una apelación interpuesta por el apoderado de la firma Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA S.E.), a fin de dejar sin efecto la resolución del juez de primera instancia, en la que se ordenaba dar a publicidad la acción colectiva presentada por la Asociación por la Defensa de Usuarios y Consumidores (ADUC) contra la firma Gainvest S.A. Sociedad Gerente de Fondos.

En su presentación, el apelante cuestionaba que, sin ser parte en el proceso, se le impusiera el cargo de costear la publicación ordenada, beneficiando así a la asociación actora que obtendría una ventaja económica a costa del patrimonio del Estado. Sostuvo que la gratuidad contemplada en la ley 26.522 es sólo para los pedidos de paradero de personas, donación de sangre y/o medicamentos, donde ninguna de las partes obtiene rédito económico.

Criticó también que el anunció que se pretendía publicitar excediera los 120 segundos e hizo hincapié en que no existe justificación alguna para que el dinero de los contribuyentes sea utilizado para solventar la emisión gratuita de edictos que beneficiarían a un reducido grupo de tenedores de cuotas-parte de un Fondo Común de Inversión.

En su dictamen, la fiscal Boquín destacó que la protección de los derechos de los consumidores y usuarios implica un carácter de interés público y agregó que “La Protección de los intereses económicos es un interes social de los consumidores, así como la información correcta, la educación o los instrumentos de reparación de daños”, en virtud de lo cual consideró que la publicidad ordenada también reviste un interés general.

Asimismo, la representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que entre los intereses fijados a RTA S.E. se encuentran los de promover y desarrollar el respeto por los derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales incorporados a ella.

Entonces, solicitó a la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que orden a RTA S.E., arbitrar los medios necesarios para efectivizar la publicación de la acción en los términos ordenados por el juez de primera instancia.