El titular de la Fiscalía en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo Federal N°8, Fabián Canda, dictaminó que la acción de amparo no es la vía idónea para revisar licitaciones. Así opinó al recomendar el rechazo de la acción de amparo presentada por el Sindicato Argentinos de Obreros Navales y Servicios de la Industria Naval de la República Argentina (SAONSINRA), para que el Consejo Federal Pesquero (CFP) dejara sin efecto el proceso convocado para otorgar permisos de pesca de calamar.

El caso

SAONSINRA interpuso una acción de amparo para que el Consejo Federal Pesquero dejará sin efecto un proceso licitatorio, cuya convocatoria venció el 7 de julio pasado. También, pidió que se anule la adjudicación de 18 permisos de pesca de calamar y se ordene una nueva licitación que cumpla con las prioridades previstas en el artículo 26 de la Ley N°24.922 del Régimen Federal de Pesca –que otorga prioridad a buques y armadores argentinos– y con plazos acordes a la complejidad de la documentación requerida.

En su presentación destacó que la asignación de los permisos de pesca, sin contemplar la prioridad legal a favor de los buques construidos en astilleros argentinos, implicaba la pérdida definitiva de miles de horas de trabajo calificado, y comprometía la continuidad de una industria que nuclea 2.000 trabajadores en todo el país.

Además señaló que la licitación aprobada el 6 de agosto pasado, no incluyó ningún proyecto de construcción en astillero argentino, sino que siete de los permisos correspondían a buques usados importados del exterior y once a buques nuevos a construirse en astilleros extranjeros, en su mayoría en la República Popular China.

A su turno, el Consejo Federal de Pesca pidió el rechazo de la presentación. Explicó que, a partir de un informe del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera remitió, el 28 de mayo de 2026, el proyecto de resolución para convocar a la presentación de proyectos de explotación exclusiva de calamar con poteras. Días después el organismo modificó su resolución para subsanar errores involuntarios y amplió los plazos para la presentación de documentación y asignó un puntaje de ochenta puntos a los buques nuevos a construirse en astillero nacional frente a cuarenta puntos para los buques nuevos a construirse en astillero extranjero.

“La circunstancia de que, en los hechos, ninguna de las empresas participantes de la convocatoria haya presentado finalmente un proyecto de construcción nacional no resulta atribuible a un obrar manifiestamente ilegítimo o arbitrario de la autoridad pesquera, sino que remite a decisiones de otra índole ajenas a su esfera de competencia”, indicó el fiscal.

“La circunstancia de que ninguna de las adjudicaciones corresponda a un proyecto de construcción en astillero argentino no obedece a la falta de prioridad normativa, sino a que ninguna de las empresas interesadas presentó un proyecto en tal sentido, y que la actora no identificó impedimento concreto alguno ni ofreció prueba al respecto”, sostuvo el CFP.

También cuestionó la falta de legitimación del sindicato –ya que no participó en la convocatoria ni representa a ninguna empresa que lo hubiere hecho– y que no existe una norma que obligue a la construcción exclusiva de buques en el país, sino que ello depende de la voluntad contractual de las empresas armadoras, que resulta ajena al Consejo Federal Pesquero.

La opinión de la fiscalía

En su dictamen, el fiscal Canda opinó que la acción de amparo intentada debía rechazarse ya que no podía dictarse una resolución judicial que ordene “la realización de un nuevo procedimiento licitatorio” en los términos pretendidos por SAONSINRA. A su entender, “ello implicaría que los jueces sustituyan a la Administración -en el caso, al Consejo Federal Pesquero de la República Argentina- en la determinación de las políticas pesquera nacional y de aprobación de los permisos de pesca comercial y experimental, entre otras”.

También, señaló que, en el caso, no se probó que la pretensión del sindicato no pudiera resolverse por otras vías y que tampoco se vislumbraba “una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta por parte de la accionada”, al tiempo que el agravio sobre el incumplimiento del criterio de prioridad previsto en el art. 26 de la ley 24.922 tampoco podía prosperar.

El representante del MPF destacó que “la normativa aplicable impone al Consejo Federal Pesquero el deber de ‘priorizar’ a los buques construidos en el país al momento de establecer las condiciones de los permisos, mas no consagra una obligación de reserva, cupo o adjudicación forzosa en su favor”. En esa línea, recordó que el CFP asignó el doble de puntaje para los proyectos de construcción en astilleros nacionales y estableció un plazo adicional para su incorporación a la matrícula nacional, lo que evidencia “un tratamiento prioritario concreto y verificable, y no meramente declarativo”.

“La circunstancia de que, en los hechos, ninguna de las empresas participantes de la convocatoria haya presentado finalmente un proyecto de construcción nacional no resulta atribuible a un obrar manifiestamente ilegítimo o arbitrario de la autoridad pesquera, sino que remite a decisiones de otra índole ajenas a su esfera de competencia”, indicó el fiscal. Agregó que “interpretar que el término ‘priorizar’ equivale a ’seleccionar’ o ‘garantizar’ importaría desatender el texto expreso de la norma y sustituirlo por un sentido que el legislador no consagró, lo que, como dije arriba, implicaría prescindir lisa y llanamente de la letra de la ley bajo la apariencia de interpretarla”.

Canda concluyó –aparte de la improcedencia formal y la ausencia de ilegalidad o arbitrariedad manifiestas– que si se dictara una sentencia que admitiera la acción de amparo, el juez “estaría ejerciendo poderes y funciones atribuidos a las autoridades administrativas por las leyes que las instituyen y les confieren sus competencias respectivas”, lo que afectaría al CFP en “el ejercicio de su función estatal en un área de su competencia, motivo por el cual -como ya expresé- una declaración judicial favorable a la  aquí actora conllevaría inmiscuirse en grado innecesario y excesivo en las atribuciones de la accionada”.