El fiscal federal Jorge Di Lello, a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal nº1, amplió la imputación contra Mario Quintana, Mario Curat, José María Torello  y los responsables de la firma Caputo y Chery-Socma SA, en el marco de nuevos hechos denunciados por Carlos Beraldi, abogado de la ex presidenta de la Nación Cristina Fernández. La causa, que se encuentra radicada en el juzgado federal a cargo de Sergio Torres, se inició el 13 de abril pasado a partir de una denuncia de un grupo de diputados nacionales, y tiene entre sus imputados al presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y al juez federal Claudio Bonadío.

Según la presentación del fiscal federal, Carlos Beraldi denunció a partir de la información publicada por un portal de noticias, que Quintana – actual Secretario de Coordinación Ministerial- “habría sido uno de los funcionarios intervinientes en la decisión del precio de referencia con el cual se cancelarían los contratos del Mercado a término de Rosario  (ROFEX) (…) el  nombrado se desempeñó como director de la firma Farmacity y CEO del fondo Pegasus los cuales habrían adquirido dólares a futuro por un monto de 11.480.000 dólares".

Asimismo, el representante del MPF citó lo dicho por el letrado respecto a Pablo Curat y a otras personas y sociedades, que podrían estar vinculadas a la compra de dólar futuro.

En relación al “resultado adverso” de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, respecto de la recusación del juez de la causa Claudio Bonadío, nuevamente, los legisladores entendieron que los argumentos de los camaristas “carecerían de fundamento” y denunciaron un “posible delito de prevaricato”. En este sentido, el fiscal federal consideró que no se evidencia delito alguno y por ello solicitó que se desestime la denuncia formulada contra los jueces Cattani, Farah e Irurzun.