Miguel Argentino Pérez y Miguel Ángel González no ocultaron su emoción ante las palabras del fiscal general José Ignacio Candioti, quien consideró que el lugar del corte de ruta, donde se produjo el accidente en el que falleció Walter Maulucci, estaba “perfectamente señalizado e iluminado” y que la víctima había sido advertida de la zona donde estaba interrumpido el tránsito, debido a la protesta que llevaba a cabo la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú por la instalación de las pasteras en la República Oriental del Uruguay.

A raíz de esto, el tribunal oral en lo criminal federal de Paraná señaló correspondía la inmediata absolución de ambos asambleístas, que habían llegado acusados por homicidio culposo.

La jornada había comenzado temprano, con el alegato de Candioti que se extendió durante más de una hora. Allí, el fiscal comenzó haciendo una reseña de los hechos ocurridos el 26 de abril de 2009 en la ruta nacional 136 y posteriormente valoró la prueba documental que se había recolectado durante el proceso. A continuación, realizó un análisis puntual de los 14 testimonios reunidos en los dos días de audiencias anteriores y fue entonces cuando adelantó que no iba a acusar a Pérez y González, “atento que la prueba recepcionada durante el debate me indica que no había elementos para actuar en tal sentido”, agregó.

A partir de ese momento, el representante del MPF se dedicó a explicar su postura. Sostuvo que no estaba probado que los hombres hubieran colocado el acoplado en la cinta asfáltica con el que colisionó Maulucci y que tampoco hubieran tenido posibilidad de hacerlo retirar de allí. “La Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú tomaba sus decisiones en forma horizontal y de ello dieron cuenta no solo los testigos civiles, sino también los policías y los gendarmes que declararon”, explicó.

En ese momento, para apoyar el argumento anterior, citó un estudio realizado por el vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Litoral Gonzalo Sozzo, que sostiene justamente que la Asamblea de Gualeguychú “resulta un fenómeno social en el cual intervienen gente de todos los estratos sociales y políticos y toma sus decisiones por mayoría, en forma horizontal”. Esta mención del estudio resultaría una pieza de suma utilidad para la dilucidación del proceso, no sólo por afirmar el comportamiento de la asamblea, sino porque además hizo hincapié en la problemática ambiental. En efecto, tanto la defensa como el tribunal le solicitó al fiscal una copia de ese trabajo.

A su vez, respecto a la supuesta falta de iluminación del lugar, Candioti sostuvo que la mayoría de los testigos que asistieron al debate habían indicado que el lugar del corte estaba iluminado y que existía señalización desde el puente hacia el acoplado: balizas, triángulos y conos reflactarios, entre otras cosas. “Así lo sostuvieron dos gendarmes, cuatro integrantes de la policía de Entre Ríos, un periodista que cubría las marchas y tres civiles”, añadió.

Por último, el representante del MPF especificó que, “sobre la base de todas estas circunstancias, debe absolverse a los imputados”, puesto que “el cometido de un fiscal no es actuar como ‘un ciego acusador’, sino que debe pedir condena cuando los elementos cargosos así se lo indiquen y los aquí existentes no son suficientes”.

Los abogados defensores celebraron la postura de la fiscalía, en tanto indicaron que “no hacía más que enaltecer al Ministerio Público Fiscal” y el tribunal, en su sentencia absolutoria, puntualizó que el alegato de Candioti había estado “debida y profusamente fundado”. Pérez y González también agradecieron en público al fiscal, a sus abogados, a los jueces y a los asambleístas que los acompañaros durante los tres días de debate.