El fiscal federal de Formosa y fiscal de distrito de esa provincia, Luis Benítez, disertó este lunes en el 7° Curso de Cooperación Jurídica Internacional, denominado “Propuesta de Marco Normativo para las Fronteras del Mercosur”, que se desarrolló entre ayer y hoy en la ciudad de Santana Do Livramento, Republica de Brasil, y que fue organizado por la Procuraduría de esa localidad.

La actividad contó con la presencia de fiscales federales y procuradores generales de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que trataron temas referidos a la formación de equipos conjuntos de investigación en torno a la investigación y sanción de los delitos trasnacionales a través de la cooperación jurídica en las fronteras. En efecto, se propuso un contacto directo entre las autoridades jurídicas, para que trabajen en redes de cooperación y equipos conjuntos de investigación.

El fiscal Benítez, invitado especial de la Procuraduría de la República No Município de Santana do Livramento, expuso sobre Cooperación Penal Internacional de asistencia jurídica y extradición. Al respecto, expresó que "las actuales herramientas de cooperación internacional son insuficientes y poco eficaces en la persecución de delitos en zonas de fronteras o las denominadas ciudades gemelas como Ponta Pora (Brasil) – Pedro Juan Caballero (Paraguay), y Santana do Livramento (Brasil) – Rivera (Uruguay). Ello, debido a la integración intensa y caótica en estas franjas limítrofes que carecen de legislación que pueda dar una respuesta a la comunidad y evitar la impunidad”.

En este aspecto, puso de relieve la necesidad de un Derecho Internacional de Frontera o de cooperación jurídica especial y, en esa línea, expresó que “la persecución penal en ciudades de frontera es diferente a las de los gobiernos centrales o ciudades alejadas a esas zonas, por cuanto la coexistencia de las normativas de los estados impiden imprimirle celeridad a las investigaciones”.

El fiscal añadió que la situación geográfica es utilizada por las organizaciones delictivas para lograr impunidad, aprovechando las dificultades de las autoridades judiciales y policiales para recabar las pruebas en forma inmediata, ya que actualmente “la normativa vigente obliga requerir al gobierno central la gestión de medidas urgentes para el esclarecimiento de un hecho que trasciende la frontera”.