El fiscal a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal nº1, Jorge Di Lello, dictaminó por desestimar una denuncia contra el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y Susana Malcorra, para entonces a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, por presunta violación de los deberes de funcionario público. La causa se inició en marzo pasado a raíz de la denuncia interpuesta por Daniel Jaime Igolnikov respecto a información publicada en medios de comunicación sobre una “creciente militarización de las Islas Malvinas vía Brasil”.

Al respecto, el fiscal Di Lello expresó que “la Justicia debe ser respetuosa tanto del derecho a la libertad de expresión, como del principio republicano de división de poderes. Más allá de la valoración política que la conducción del Poder Ejecutivo merezca, lo cierto es que la esfera de competencia funcional de este Ministerio Público está limitada a la persecución de los delitos en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad (conforme al artículo 120 de la Constitución Nacional)”.

Y agregó: “Esta parte no debe inmiscuirse en delicadas cuestiones que hacen a las relaciones diplomáticas entre los Estados, y al modo en que se desarrolla la política exterior del país, lo cual es propio del ámbito del Poder Ejecutivo surgido conforme a las normas constitucionales y legales pertinentes”.

El denunciante expresó en su presentación que en diversos programas televisivos y de radio del periodista Gustavo Sylvestre se había hecho pública la existencia de una “creciente militarización de las Islas Malvinas vía Brasil”. En este sentido, Igolnikov sostuvo que ello, por un lado, resultaría violatorio de tratados internacionales en cuanto a esta temática y, por el otro, “vulneraría nuevamente la soberanía nacional en nuestro territorio, con un nuevo silencio de la funcionaria”. Para el denunciante existiría una “complacencia diplomática: es una política del gobierno que ejerce el Presidente, la cual violaría la política soberana del Estado”.