El titular de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal N° 1, Jorge Di Lello, formuló requerimiento de justificación de bienes respecto de Amado Boudou, otras doce personas y varias empresas en la causa que están como imputados por el delito de enriquecimiento ilícito. El pedido del Ministerio Público Fiscal surge luego del análisis del peritaje realizado por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Allí se habrían encontrado algunas inconsistencias patrimoniales del ex vicepresidente de la Nación mientras ejercía su función pública.

Según surge del escrito, el pedido de la Fiscalía deberá ser entendido como “una notificación para que el acusado pueda hacer uso de una oportunidad formal para probar la licitud de su enriquecimiento”.

El representante del MPF explicó en su escrito que de la primera lectura del peritaje se advierten “registraciones globales, discrepancias en las declaraciones patrimoniales, obligaciones tributarias presentadas fuera de término como acciones tendientes a desorientar la visualización de la situación patrimonial de personas físicas como jurídicas”.

La causa

Luego del requerimiento de instrucción, formulado el 14 de marzo del 2012, la Fiscalía impulsó diversas medidas de prueba a fin de recabar la información patrimonial respecto de Amado Boudou, José María Núñez  Carmona, Juan Carlos López, Alejandro Paul Vandenbroele, Agustina Kampfer, Sandra Rizzo, Amado Rubén Boudou, Azul Sapin Costa Álvarez, Juan Bautista Boudou, Sebastián Boudou, Fabián Carosso, Hugo Nicolás Carosso y Agustín Seguin, como también de diferentes personas jurídicas: “Action Media SA”, “Beaver  Cheek SA”, “Habitat Natural SA”, “Inversiones Inmobiliarias Aspen SA”, “Compañía de Valores Sudamericana SA”, “Danlon SA”, “Ecoplata SA”, “Embarcaciones Argentinas SA”, “GNC de la Costa”, “Petro de la Costa”, “La Isleña SRL”, “The Dial Corporation”, “Ruta Sur Rentals SA”, “Sulfargen SA”, “Agroibérica Inversiones SA”, “Inversora Pampa SA”,  “Ediciones del copete” y “OM Buenos Aires”.

En marzo de 2015  se dio inicio al estudio pericial encomendado al Cuerpo de Peritos de la CSJN,  quienes elaboraron informes por cada persona física y jurídica.  En el marco de ese relevamiento el fiscal Di Lello advirtió “diferentes cuestiones que hacen a la dudosa forma de manejar los registros patrimoniales tanto de las personas físicas como las jurídicas”.