El titular de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal N° 4, Carlos Stornelli, requirió la detención e indagatoria del diputado nacional y ex ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio De Vido, del ex secretario de Minería, Jorge Mayoral, del entonces subsecretario de Coordinación, Roberto Baratta, del ex coordinador general Jaime Álvarez, y de otras 24 personas, entre ellos funcionarios responsables de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), como así también de la Fundación de la Facultad Regional Santa Cruz de esa casa de estudios.

La solicitud del fiscal se dio en el marco de la causa en la que se investigan posibles irregularidades en la mina de Río Turbio. Según la presentación de la Fiscalía, el ex ministro de Planificación habría desviado fondos en perjuicio de la Administración Pública Nacional [de forma tal] que, al 28 de enero de 2016, el fraude contra el Estado Nacional habría sido cercano a los $264 millones de pesos, desviándolos a la Facultad Regional de Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional (FRSC), y a la Fundación de la FRSC. Para la Fiscalía existía un vínculo anterior entre los funcionarios de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y Julio De Vido con la FRSC, para favorecerla con la adjudicación de la totalidad de los proyectos mineros.

El representante del MPF sostuvo en su dictamen que “las retribuciones y gastos que el Estado Nacional abonó, por obra de los citados funcionarios de YCRT, a la UTN-FRSC y a la Fundación de la FRSC, importó un perjuicio de $176.074.000 al 28 de enero de 2016, equivalente al 21% sobre los $915.077.899, que es el monto total de los Convenios abonados con fondos del Tesoro Nacional". A ese importe, explicó el fiscal en su dictamen, "habré de añadirle la deuda reclamada por la UTN-FRSC y la Fundación FRSC a YCRT de $88.320.750, que sumado a los 176.074.000 ya cobrados al 28 de enero de 2016, implica un monto de $264.935.123 en concepto de comisiones sobre un total facturado a YCRT de $1.379.923.949”.

“El requisito de la licitación pública para la adjudicación de los proyectos diagramados en YCRT no se cumplió, sino que se recurrió de manera directa a la Facultad Regional de Santa Cruz", señaló el fiscal.

Además de medidas de prueba y pedidos de detención e indagatoria, la Fiscalía precisó el objeto de la causa. Se trataría de la conformación de un andamiaje legal para que, entre el 2009 y 2015, todos los proyectos ofertados por Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) fueran asumidos por la FRSC, que los tercerizó en favor de la Fundación de la FRSC, la cual operaría en el mercado como una suerte de intermediario entre los servicios asumidos por la FRSC y los contratistas privados. El fiscal señaló que los funcionarios públicos -encargados de la administración de los fondos volcados en la obra de Río Turbio- tenían el deber de asegurar el control de las normativas previstas para la ejecución del plan de trabajo.

En este sentido, Stornelli resaltó que “el requisito de la licitación pública para la adjudicación de los proyectos diagramados en YCRT no se cumplió, sino que se recurrió de manera directa a la FRSC, apelando a una excepción normativa y luego a un Convenio Marco, y ésta de consuno con la Fundación FRSC, creada por ellos mismos, articularon un diagrama de triangulación de las contrataciones, que sólo en comisiones por intermediación de éstas dos últimas, encareció los servicios contratados en un 21% , sin contar con sobrevaluaciones presupuestarias”.

Y continuó: “Se advierte así que el presunto intercambio de tecnología autorizado por la normativa vigente fue la pantalla que se utilizó para esconder los reales motivos en los que se utilizaría el dinero del Tesoro Nacional, soslayándose todo tipo de normativa relacionada con las compras y contrataciones de los entes estatales. Se trató de una verdadera triangulación de instituciones plasmadas en convenios –bajo un número exagerado- que pudo haber tenido como otra finalidad diluir la responsabilidad de los funcionarios nacionales intervinientes”.

La causa tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N 9 a cargo de Luis Rodriguez, quien deberá resolver sobre lo peticionado por el representante del MPF