El representante del MPF pidió que se juzgue en debate oral y público la responsabilidad del ex ministro de Planificación y de otros 18 ex funcionarios y empresarios en el supuesto desvío de más de $176 millones, a través de convenios firmados entre Yacimientos Carboníferos Río Turbio y la Facultad Regional de Santa Cruz. En este sentido, pidió que sean juzgados por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y, en un caso, también por abuso de autoridad.