Entre el 7 y el 11 de octubre pasado se desarrolló en la ciudad de Cartagena, Colombia, el Seminario sobre “Responsabilidad Penal del Adolescente: Intercambio de Experiencias Aplicativas”, convocado por la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP). Del encuentro participaron fiscales de España, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Colombia, Perú, Brasil, Chile y Paraguay, así como también representantes de UNICEF y de la Fundación Terre des Hommes.

A su vez, el Ministerio Público Fiscal de Argentina estuvo representado por la fiscal general ante los tribunales orales de menores, Patricia Quirno Costa. Allí, la magistrada expuso sobre la posición del MPF en torno a la imposición de penas de prisión perpetua a personas menores de edad, y la incidencia sobre el tema de la condena al Estado argentino dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la causa “Mendoza y otros vs. Argentina”.

Asimismo, todos los representantes de los países intervinientes debatieron sobre diversos aspectos de particular interés relativos al Sistema Penal Juvenil de cada uno de los Estados Iberoamericanos.

Para esto, se tuvo como eje la experiencia resultante de la Ley Orgánica de responsabilidad penal del menor que rige en España, que plantea circunstancias tales como la aplicación de los principios informadores que rigen el sistema de Justicia Juvenil, el cumplimiento de normativa de Naciones Unidas, Alternativas desjudicializadoras, Principio de Oportunidad, Mediación, Detención y Medidas cautelares, entre otras.

El seminario concluyó con la elaboración en forma conjunta de una serie de reglas, tendientes a fortalecer y orientar la actuación de los Ministerios Públicos, y que serán presentadas en la Asamblea Ordinaria de la AIAMP, a celebrarse en el mes de noviembre en Ecuador. El objetivo es que sean aplicadas por los países que integran ese organismo.

Entre esas reglas, se destaca la necesidad de “desarrollar políticas de protección de la infancia, como mecanismo de prevención de la delincuencia juvenil”. En este sentido, coincidieron en que “la mera rebaja del límite mínimo de edad a partir del cual puede intervenir el Sistema de Justicia Juvenil no asegura mayor eficacia en la lucha contra la delincuencia”.

También se señaló que “la difusión a través de los medios de comunicación de la imagen o identidad del adolescente infractor trae consigo el riesgo del etiquetaje del mismo como delincuente, con los negativos efectos derivados de la estigmatización y con la correlativa puesta en peligro del objetivo de la reinserción”. Por este motivo, los participantes entendieron que “deben adoptarse limitaciones a la información sobre este tipo de procesos”.

Asimismo, se acordó en que “la detención policial de un adolescente debe estar inmediatamente supervisada por el Ministerio Público”. En relación con este punto, agregaron que “debe reducirse al mínimo imprescindible los períodos de privación de libertad del adolescente”.

Otro de los temas que se trató fue que “todas las medidas, sean en medio abierto o privativas de libertad deben ir acompañadas de un plan de ejecución individualizado atendiendo a las circunstancias personales, familiares, sociales y educativas del adolescente”. Sobre esto, añadieron que “el proceso de ejecución de las medidas debe estar supervisado por la autoridad judicial y con intervención de la Fiscalía”.

El mes que viene, en Ecuador, se expondrán todas las conclusiones para que, en el marco de la reunión ordinaria de la AIAMP, se genere un documento que las partes se comprometan a cumplir en sus respectivos países.