El titular del Juzgado Federal de Eldorado, Miguel Ángel Guerrero, concedió la extradición a la República Federativa de Brasil de un ciudadano de ese país a quien se le imputa haber participado de una estafa piramidal con criptoactivos,  con la captación y el desvío de más de 4 millones de reales. En el proceso intervino la titular de la Fiscalía Federal de aquella ciudad, Liliam Delgado, junto a la Dirección General de Cooperación Regional e Institucional (DIGCRI) de la Procuración General de la Nación, que encabeza Diego Solernó.

De acuerdo a las constancias expuestas en el juicio de extradición, el hombre requerido habría actuado como operador financiero. De esa forma, habría cometido fraude a través de un esquema de pirámide financiera -denominado “Esquema de Ponzi”- con criptoactivos. Para las autoridades brasileñas, el hombre actuaba como bróker de la empresa, lo que le permitió captar más de 4 millones de reales y desviarlos. El imputado intervenía en el marketing y algunas operaciones comerciales de la empresa, para lo cual publicaba videos en el canal de YouTube -denominados “braisnews”- y que confirmaban su participación en la difusión de la maniobra.

Tras la perpetración de la estafa, el imputado se fugó a la Argentina por vía terrestre junto a otros de los integrantes de la organización. En virtud de ello, la 4ª Sección Federal - Campina Grande/B del Tribunal Regional Federal de la 5ª Región del Brasil dispuso la captura internacional del requerido. Por vía diplomática, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto argentinorecibió el pertinente pedido formal de extradición.

El hombre fue apresado el 23 de junio de 2023 y quedó a disposición del Juzgado Federal y de la Fiscalía Federal de Eldorado.

Durante los alegatos vertidos en el proceso de extradición, la fiscal Delgado y el director Solernó sostuvieron que correspondía conceder la extradición conforme las previsiones de la Ley 24.767, de Cooperación Internacional en Materia Penal, y el respectivo Tratado de Extradición suscripto con la República Federativa del Brasil.

En tal sentido, la fiscal y el funcionario de la PGN concluyeron que los hechos que dieron lugar al pedido de extradición son delitos -de acuerdo a las leyes de ambos países- y que son punibles con una pena privativa de la libertad, cuya duración máxima es superior a dos años.

Finalmente, se estableció el cumplimiento de los requisitos formales y legales del pedido de asistencia internacional que realizó la República Federativa del Brasil, y se descartó la existencia de causales que permitieran denegar la solicitud.

En virtud de todo ello, el juez Miguel Ángel Guerrero dictó sentencia y declaró procedente la extradición del ciudadano brasileño requerido.