El Tribunal Oral Federal N°5 hizo lugar al pedido de la Fiscalía General N°2 realizado en conjunto con la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, y ordenó ampliar la inhibición general de bienes de personas físicas y jurídicas imputadas por el  presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico en Perú. Los acusados son Sergio y Ariel Fontanellas y el contador Mauricio Villavicencio Ahumada, quienes estarían vinculados con el ciudadano peruano Vladimiro Montesinos, ex jefe de inteligencia de aquel país durante la presidencia de Alberto Fujimori.

A partir de la presentación conjunta de la Dirección y la Fiscalía, a cargo de María del Carmen Chena y Stella Maris Scandura, respectivamente, se logró la individualización e inmovilización de 22 campos de más de dos mil hectáreas de extensión -destinados al cultivo y comercialización de soja- ubicados en la provincia de Santiago del Estero; de las tres personas jurídicas encargadas de la explotación de esas tierras; de toda la maquinaria rural utilizada en la actividad agropecuaria y ocho automóviles de alta gama.

La causa se había iniciado en el 2011 por una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF), luego de un pedido de extradición recibido en la Argentina por parte de la República del Perú, en el que se daba cuenta de que los hermanos Fontanellas estarían involucrados en maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes y lavado de activos. Ello dio origen a una investigación por lavado de activos en la Argentina -que tendría como delitos precedentes aquellos cometidos en el Perú-, para lo que se habrían creado diversas sociedades que presentaban inconsistencias en sus balances y recibían considerables depósitos en sus cuentas bancarias sin justificación económica.

La medida dictada ahora por el TOF N°5 había sido solicitada a fin de resguardar activos suficientes de los imputados y de las sociedades utilizadas como instrumento del delito, para garantizar la eventual pena pecuniaria en caso de que se dicten condenas al término del debate oral y público pertinente. El embargo, además de los campos, alcanza a varios tractores, camionetas Toyota Hilux, un Mercedes Benz E320 y una poderosa Hummer 009-H2, entre otros vehículos.