Con la intervención del fiscal Lucio Herrera (h), interinamente a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°7, el pasado 30 de junio se celebró una audiencia multipropósito, en el marco de un procedimiento de flagrancia, que concluyó con el otorgamiento de la suspensión del juicio a prueba, por el transcurso de un año, para un ejecutivo de una importante concesionaria automotriz, en orden al delito de resistencia a la autoridad en concurso ideal con lesiones leves.

El hecho investigado tuvo lugar el pasado 29 de junio, cuando el hombre circulaba a bordo en un automóvil Audi A7 Sportback 3.0 por la Avenida Paseo Colón y detuvo su marcha en el semáforo de la Avenida Independencia. Mientras conducía, el imputado hablaba por su teléfono móvil, lo cual fue advertido por la agente de tránsito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Valeria Baraldi.

Tras tocar el silbato, la mujer hizo señas al conductor para que se detuviera a un costado, pero éste la ignoró, razón por la cual la agente Vanina Micaela Castillo se puso delante del vehículo y le indicó que estacionara. Sin embargo, cuando el semáforo habilitó el paso, el conductor inició la marcha y embistió intencionalmente a Castillo -lo que le produjo lesiones leves en su pierna izquierda- y huyó del lugar a toda velocidad.

El conductor fue obligado a detenerse porque hablaba por teléfono, pero ignoró la advertencia y atropelló a la agente que se interpuso. Le provocó lesiones en su pierna izquierda.

La secuencia fue advertida por un taxista y un motociclista, quienes siguieron al hombre durante su fuga por las calles Chile, Azopardo y Venezuela, donde fue detenido por un oficial de la Comisaría N°46, quien también lo persiguió en su vehículo.

En la audiencia celebrada ante la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°34, Fabiana Palmaghini, el fiscal Herrera describió los hechos que se le imputaban al hombre y las pruebas existentes en su contra, mientras que la defensa del imputado solicitó la concesión de la suspensión del juicio a prueba.

A los efectos de poder lograr la conformidad del representante del Ministerio Público Fiscal, el imputado por medio de sus abogados, debió ofrecer entregar en concepto de reparación por las lesiones leves dolosas provocadas a Castillo la suma de 70 mil pesos y a la vez abandonar en favor del Estado Nacional el automóvil marca Audi A7, que durante el hecho había sido utilizado como arma para lesionar a la nombrada Castillo, conforme lo normado por el artículo 76 bis en función del artículo 23 del Código Penal.

Otorgada la conformidad por el fiscal Herrera, la juez Palmaghini resolvió conceder la suspensión del juicio a prueba por el término de un año, y le impuso al imputado las obligaciones de fijar residencia, someterse al cuidado del Patronato, entregar 70 mil pesos en concepto de reparación a la damnificada y realizar un curso de educación vial en la escuela del Automóvil Club Argentino.

Asimismo, también se le impuso al imputado la obligación de regularizar el pago de las infracciones que tuviera pendientes el vehículo y entregar el Audi A7 –valuado en 62.500 dólares, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA)- en favor del Estado Nacional.