El titular de la Fiscalía General ante el TOF de Paraná, José Ignacio Candioti, y el fiscal coadyudante Leandro Ardoy, alegaron en el marco del juicio seguido contra doce personas -entre las que se encuentran tres oficiales de fuerzas de seguridad que les brindaban cobertura- acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada al transporte y comercialización de estupefacientes.

En base a las pruebas producidas en el debate oral y público, los representantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación consideraron que Mario González –quien ya fue condenado por narcotráfico-, Javier Caire, Nicolás Stur, Néstor Nuvirth, Carlos Alberto “Caito” Segovia, Santiago Acosta, María Isabel González, Rosana Tenis, Elsa Caram y los funcionarios de las fuerzas de seguridad Carlos Acosta, Sergio García y José María Gómez, integraban la asociación ilícita que aprovisionaba, trasladaba, distribuía y comercializaba sustancias estupefacientes, en las ciudades entrerrianas de Concordia, Concepción del Uruguay y Colón.

La investigación se inició a raíz de que, en septiembre de 2013, se sorprendiera a Carlos Callero cuando intentaba exportar 42 kilos de marihuana y 3,300 kilos de cocaína a la República de Uruguay. En virtud de ello, en octubre de ese año, personal de la Dirección Toxicológica de la Jefatura departamental de Colón de la Policía de Entre Ríos y de la Subprefectura Naval de Colón, iniciaron una pesquisa en la que se estableció que el detenido Callero estaba vinculado a Javier Caire y a otros miembros de la organización.

Los roles

En base a las pruebas colectadas durante la investigación y a las producidas durante el debate oral y público, se acreditó que Mario González y Javier Caire eran los organizadores, quienes adquirían los estupefacientes y se los hacían llegar a los restantes integrantes de la banda. A su turno, Stur y Neuvirth colaboraban con Caire a la hora de recepcionar la droga y su distribución hacia las bocas de expendio, lo cual estaba a cargo de Segovia y Santiago Acosta, quienes también transportaban la recaudación de la actividad ilícita.

Por su parte, María Isabel González y Rosana Tenis realizaban la venta al menudeo, mientras que Elsa Caram se encargaba de la contabilidad y Sergio García, José María Gómez y Carlos Acosta brindaban protección a la organización al aportar datos sobre investigaciones en curso, allanamientos a realizarse, medidas adoptadas por el Juzgado para aprehender a González, entre otros datos que encubrieron el accionar ilícito de la banda.

Imputaciones, pedidos de pena y decomiso de bienes

En su alegato, los fiscales Candioti y Ardoy acusaron a Mario González y Javier Caire como organizadores de la asociación ilícita. Además, se le imputó a Caire haber falsificado un documento destinado a acreditar la identidad de una persona. En virtud de ello solicitaron que ambos hombres sean condenados a la pena de seis años de prisión y al pago de las costas del juicio.

Por otra parte, se acusó a Carlos Francisco Acosta, Sergio García, José María Gómez, Nicolás Stur, Néstor Neurvith, Carlos Segovia, Santiago Acosta, María Isabel González, Rosana Tenis y Elsa Caram de integrar la asociación ilícita, mientras que se le endilgó a Noemí Sayavedra la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, y a Mario Núñez incurrir en los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento.

En relación a los efectivos Acosta, García y Gómez, los fiscales destacaron que resultaba un peligro para la tranquilidad pública si funcionarios del orden se dedicaban a asociarse con narcotraficantes para cometer delitos, por lo cual requirieron que fueran sancionados con 5 años de prisión y el pago de las costas, mientras que para Mario Núñez solicitaron 3 años y seis meses de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargo públicos por el doble de tiempo de la condena.

Respecto a Stur, Neuvirth, Segovia, Santiago Acosta, González, Tenis y Caram, se pidió que reciban una pena de 4 años y 4 meses de prisión y el pago de las costas, al tiempo que para Noemí Sayavedra requirieron cuatro años de prisión.

También, los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron el decomiso del dinero secuestrado durante los allanamientos y de los vehículos que conducían los integrantes de la organización.