El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, Sebastián Casanello, citó a prestar declaración indagatoria para el próximo mes a tres agentes del PAMI y a los dueños de cinco farmacias por la comisión del delito de defraudación contra la administración pública cometido entre en 2012 y 2017. De acuerdo con la investigación, el delito se materializó con la presentación de recetas con troqueles apócrifos de insulinas y/o tiras reactivas, la utilización de datos de afiliados a la obra social que no eran pacientes diabéticos, sellos y grafías de médicos y la inserción de datos falsos de “terceros intervinientes” para simular la venta legítima de los medicamentos para el tramiento de esa enfermedad, que tiene una cobertura del 100%.

El caso, en el que interviene la Fiscalía Federal N°6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se inició por la denuncia en 2016 del entonces subdirector del PAMI, Gonzalo Riobó.

La intervención en la pesquisa de la Unidad Fiscal de Investigación de delitos cometidos en el ámbito del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (UFI PAMI), a cargo del fiscal Javier M. Arzubi Calvo, permitió el análisis del circuito administrativo, de los procesos de facturación y pago, como también para el cotejo de las recetas presentadas por las farmacias “Añon”, “Larroca”, “Moreno 90”, “Farmatica II” y “La Gota”.

Una sola farmacia presentó más de 5 mil recetas en favor de más de 500 afiliados, con un perjuicio que asciende aproximadamente a 70 millones de pesos.

De acuerdo con la pesquisa, durante el período 2013-2016 la farmacia “Añon”, ubicada en San Isidro, presentó más de 5 mil recetas con prescripción de tiras reactivas y/o insulina a favor de más de 500 afiliados quienes -según los casos- se encontraban fallecidos al momento de la dispensa o no consumían esos medicamentos. La facturación ascendió aproximadamente a 70 millones de pesos. La maniobra fue corroborada durante la investigación con comunicaciones telefónicas efectuadas a cada uno de los beneficiarios, quienes también aseveraron desconocer a la farmacia. Ese desconocimiento potenció la hipótesis de que el titular de esa farmacia desarrolló durante tres años consecutivos la venta simulada de medicamentos para diabéticos.

Durante el análisis de las recetas cuestionadas, la UFI PAMI -que fue convocada a intervenir en el caso por el juzgado interviniente- observó que se utilizaron sellos automáticos que contenían nombre, apellido, DNI, domicilio y teléfonos de personas inexistentes que eran plasmados en los reversos de las recetas simulando ser “terceros intervinientes”, es decir, en carácter de persona autorizada por el afiliado a que retire los insumos prescriptos. A su vez, se le adosaron troqueles apócrifos de los medicamentos mencionados, lo que denotó la ilegitimidad de la maniobra.

Respecto del resto de las farmacias involucradas, las maniobras resultaron similares a las realizadas por la farmacia “Añon”: se dispensaron medicamentos para diabéticos a favor de afiliados que no los consumían y que corresponderían a jurisdicciones ajenas a donde el PAMI les brinda atención y lejanas respecto a la ubicación de las farmacias.

El análisis especializado de la UFI PAMI determinó que la maniobra no podría haberse perpetrado sin la intervención de tres agentes de la obra social que prestaban funciones en las unidades de gestión local VI de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y VII de San Martín. Estas personas dieron de alta a afiliados que se encontraban fallecidos al momento de la dispensa de los medicamentos en las farmacias y/o que no consumían tiras reactivas y/o insulinas. Ello se corroboró con las consultas efectuadas a cada uno de los beneficiarios a los que se les prescribió recetas de esta magnitud.