El juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sebastián Casanello, procesó a once personas en dos investigaciones por una millonaria estafa al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) con la facturación de medicamentos para personas diabéticas.

La resolución recayó sobre los titulares de seis farmacias distintas, acusados de haber facturado más de tres mil recetas ante la obra social con datos falsos y utilizando troqueles espurios entre los años 2013 y 2016.

Los casos habían sido iniciados a raíz de denuncias realizadas por las autoridades del organismo oficial. En la causa interviene la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de PAMI (UFI-PAMI), a cargo de Javier Arzubi Calvo, convocada para el desarrollo de la investigación.

El monto del perjuicio valorado oportunamente a los costos del momento en que se produjeron los hechos es de 18 millones de pesos, por lo cual la suma actualizada debe ser considerada mucho más amplia.

Los delitos que se le atribuyen a los procesados son los de defraudación contra la administración pública y falsificación de documentos, a los cuales se suma abuso de autoridad respecto a los agentes del PAMI.

El juzgado dispuso además la inhibición general de bienes de los imputados, les trabó embargo y ordenó la realización de una investigación patrimonial sobre cada uno de ellos con el fin de obtener el recupero de los bienes sustraídos a las arcas del INSSJP.

En particular, la maniobra que se le imputó a esas personas consistió en insertar datos falsos de personas como “terceros intervinientes”, firmas y/o sellos apócrifos de médicos, y en adjuntar troqueles falsos de los productos de insulina y/o tiras reactivas en recetas de la obra social nacional, lo cual les permitió obtener un beneficio económico millonario ilegítimo.

En la investigación fueron también procesados cinco agentes del PAMI, a quienes se les imputa haber dado de alta con sus claves a afiliados que no eran diabéticos, o que no eran insulinorequirentes, y que se domiciliaban en zonas alejadas tanto de las oficinas de PAMI que le dieron el alta como también de las farmacias donde figuraban que los retiraban. El rol de los funcionarios procesados habría sido fundamental, ya que sin su colaboración la maniobra no podría haberse realizado.

Desde la UFI-PAMI se analizó la relación entre los medicamentos adquiridos y los que efectivamente fueron dispensados por las farmacias, lo cual contribuyó a determinar, en principio, la intervención de los acusados en la maniobra investigada.

En efecto, la unidad especializada del MPF analizó más de 600 facturas de compra entre droguerías y farmacias -entre otras varias medidas de prueba-, lo que permitió establecer que los titulares y/o directores técnicos de las farmacias habrían simulado la venta de productos para diabéticos -tanto tiras reactivas como insulinas- y que fueron retiradas de las farmacias por sujetos que desconocían a los afiliados. En algunos casos se constató que la cantidad de productos adquiridos era inferior a la dispensada por la farmacia.

Se trata de insumos de alto costo que están cubiertos íntegramente por la Obra Social de los Jubilados y Pensionados. Por ejemplo, la insulina Apidra Solostar hoy cuesta $34.242,08 y las tiras reactivas One Touch Ultra dispensadas por 100 unidades cuestan $9.076,98.