Adrian García Lois, fiscal ante los juzgados federales de Lomas de Zamora, dictaminó hoy en una causa iniciada por un abogado de la matrícula federal, que buscaba que se declarase la inconstitucionalidad de la reforma al Consejo de la Magistratura y la ley que modifica el régimen sobre medidas cautelares contra el Estado. García Lois primero consideró que el demandante no tenía legitimación para iniciar el pedido. Esto, para el fiscal, se debía a que el abogado no pudo demostrar un daño o afectación concreta a su persona.

Por otra parte, el fiscal ante los juzgados federales de Lomas de Zamora también entendió que el juez debía declinar su competencia ante el juzgado federal electoral de la Capital Federal. García Lois consideró que la justicia electoral es la que aparece en mejores condiciones para resolver el planteo, ya que las normas le otorgan facultades para organizar el calendario electoral, inscribir a los precandidatos y candidatos a consejeros del Consejo de la Magistratura, entre otras.

Finalmente, García Lois denunció que la presentación de pedidos de inconstitucionalidad en distintos juzgados del país implica la judicialización de acciones y medidas políticas. En este sentido, para el fiscal, la atomización de pedidos que busca hacer lugar a uno cualquiera, paraliza individualmente, “y por consideraciones netamente personales, la sanción de leyes legítimamente votadas en un parlamento con el trámite constitucional correspondiente”. Y esta sanción, aclaró el magistrado, tiene efectos hacia todo el conjunto de la ciudadanía.

Walter Rodríguez, fiscal ante los juzgados federales de primera instancia de la ciudad de Santa Fe dictaminó el jueves pasado en una causa iniciada por la Unión Cívica Radical de esa provincia contra el Estado Nacional, que tramita en el juzgado federal de primera instancia número 2. Rodríguez consideró que el juez debe declinar su competencia a favor del Juzgado Federal 1 de la Capital Federal, con competencia electoral.

El fiscal sostuvo que “no puede desatenderse que lo planteado es una cuestión de orden público que supera el mero interés particular y que reconoce su ámbito de incumbencia excluyen en el fuero específico de materia Electoral”.

“Resulta además de público y notorio que, sobre la misma cuestión aquí discutida, existen varios casos tramitados en distintas instancias judiciales en todo el país, entre ellos, específicamente uno que se sustancia ante el mencionado Juzgado Federal nro. 1 de la Capital Federal”, recordó el fiscal.

Además, Rodríguez consideró injustificado el dictado de una medida cautelar, dado que no existe un “gravísimo peligro en la demora”, como sostuvieron los representantes de la UCR de Santa Fe. Para el fiscal “las derivaciones de la discusión de fondo, es decir la eventual ausencia de equilibrio y de representación de fuerzas, recién puede insinuarse a partir de la incorporación de quienes resulten electos para sumarse al Consejo de la Magistratura, hecho que tendría lugar luego del acto de proclamación que necesariamente sucedería con posterioridad al 27 de octubre de 2013”.

Rodríguez consideró que “la acción intentada parte de una premisa incomprobable, como lo es la sugerencia de que indudablemente existirán adhesiones ciegas a un partido político de parte de los candidatos propuestos”.

“Esa conjetura, por sí, no constituye un parámetro válido para establecer comportamientos futuros como lo demuestra –por ejemplo- el caso del ex vicepresidente Cobos, que si bien integró una fórmula presidencial, culminó su mandato como referente opositor”, afirmó.

Por su parte, el fiscal Juan Manuel Portela, de Necochea, dictaminó en el mismo sentido acerca de la incompetencia de un juzgado federal de esa ciudad en una causa iniciada contra la elección popular de quienes componen el Consejo de la Magistratura.

La presentación había sido realizada por la presidenta y dos consejeros del colegio de abogados de Necochea, quienes solicitaron que se declaren inconstitucionales los artículos de la reforma sobre el Consejo de la Magistratura. A su vez solicitaron una medida cautelar que suspenda la constitución del nuevo consejo y el llamado a elecciones para representantes de los abogados en el consejo.

Portela entendió que no corresponde al juez entender sobre este tema, sino que es una materia que compete a la justicia electoral dado que el planteo gira en torno a la elección popular mediante el voto universal, de los consejeros abogados. Para el fiscal resulta evidente que es el juzgado federal de la Capital Federal el que tiene competencia específica en la materia.

A su vez, el fiscal sostuvo que, dada la cantidad de presentaciones de igual objeto que se han hecho ante diferentes juzgados en todo el país, podría ser conveniente unificar los procesos ante una misma jurisdicción a fin de resguardar la seguridad jurídica. De esta manera se garantizaría la defensa en juicio y el debido proceso.

Finalmente, el fiscal Carlos Adrián Martínez, a cargo de la Fiscalía Federal 1 de Mar del Plata dictaminó en una causa de idénticas características iniciada por el Colegio de Abogados de esa ciudad. Martínez se pronunció a favor de acumular los procesos y citó para ello abundante jurisprudencia de la Corte Suprema que respaldaba su posición.

Al respecto sostuvo el fiscal: “Sin desconocer el control difuso de constitucionalidad establecido en nuestro sistema jurídico, entiendo que la atomización de la cuestión opera en detrimento de la seguridad jurídica, puesto que la decisión por diferentes tribunales podría llevar a decisiones encontradas sobre una norma de alcance general en relación a un tema de trascendencia institucional y sensible a la comunidad toda”.