El recurso del fiscal constituye un intento por mantener activa la acción penal pública, en una investigación que ya lleva más de diez años. En primera instancia se determinó que los policías eran responsables de haber declarado sobre la veracidad de procedimientos en los cuales se detenía a personas inocentes y se les armaba una causa a partir de hechos falsos.

El representante del Ministerio Público, quien fue designado en la Fiscalía N° 21 ante los TOC para que prosiguiese con la investigación, entendió que la sentencia del tribunal era arbitraria, en tanto otorgó al alcance de la garantía constitucional que previene la múltiple persecución penal por un mismo hecho, “una extensión impropia que desvirtúa la finalidad y alcance de las normas que la consagran".

El primer debate oral se realizó en 2006 ante el Tribunal Oral N° 16, quien falló a favor de la absolución de los imputados, por lo que el fiscal de juicio Pablo Ouviña, presentó un recurso de Casación. Ante el rechazo de Cámara, el fiscal presentó –a su vez- un recurso extraordinario, que también le fue denegado, habilitándole la vía del recurso de queja frente a la Corte Suprema de Justicia.  Por su parte, el máximo Tribunal entendió que era procedente el planteo del fiscal Ouviña, y se expidió a favor de revocar la sentencia de la Cámara de Casación, que confirmaba la absolución de los efectivos policiales, indicando que se anulase también la sentencia original del TOC N° 16, y que se volviera a sortear un tribunal.

El TOC N° 23 resultó sorteado para rever la causa. Fijada una nueva audiencia de debate, el tribunal analizó la cuestión y finalmente dispuso absolver a Luzarreta y Rodríguez, lo que motivó la presentación del fiscal Azzolin.