La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal anuló una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca que disponía la excarcelación de dos personas que habían sido detenidas por tráfico de estupefacientes. El camaristas Eduardo Riggi y sus colegas Ana María Figueroa y Liliana Catucci hicieron lugar al planteo del fiscal Mario Sabas Herrera que había pedido la anulación de la medida, y también apartaron de la causa a los jueces que la dictaron.

El hecho que originó el caso ocurrió el 3 de septiembre de 2016. Ese día por la tarde, el personal del Departamento de Toxicomanía de la Provincia de Río Negro detuvo sobre la ruta 251, en el acceso de la localidad rionegrina de General Conesa, a Guillermo Funes a bordo de un Volkswagen Gol en el que transportaba 34,693 kilogramos de cannabis sativa (marihuana) fraccionados en 42 panes.

La investigación permitió determinar que la carga había sido organizada por otros tres sospechosos, Walter Tomás, Bruno Macre y Alejandro Musaber, y que estaba destinada a ser comercializada en General Conesa por los dos primeros, y en Río Grande por el último. En el caso de Tomás, se le imputó la coordinación telefónica de los pormenores hasta su arribo a General Conesa, y haber recolectado el dinero para su adquisición con el objeto de comercializarla en esa ciudad y luego enviar el resto a Río Grande.

La jueza de primera instancia procesó con prisión preventiva a Tomás y Funes por considerarlos prima facie coautores del delito de transporte de estupefacientes. En tanto, declaró la falta de mérito de Musaber y Macre, por lo que se dispuso su libertad.

En su recurso, Sabas Herrera destacó la gravedad del hecho e indicó el poderío económico que surge de la cantidad de droga secuestrada y su valor en el mercado.

El 18 de noviembre de 2016, la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca resolvió disponer la excarcelación de Tomás y Funes, por lo que Sabas Herrera interpuso un recurso de casación que fue rechazado, y que motivó la presentación en la Cámara de Casación Penal. Para el representante del Ministerio Público Fiscal, al concederles la libertad “se producen agravios de imposible reparación a los intereses que el recurrente debe tutelar” al hallarse “latente la posibilidad cierta de que los encartados intentaran eludir el accionar o entorpecer la pesquisa”.

Sabas Herrera destacó además la gravedad del hecho, e indicó el poderío económico que surge de la cantidad de droga secuestrada y su valor en el mercado, lo que demuestra la disponibilidad de medios para entorpecer la investigación o profugarse.

En su voto, la camarista Figueroa remarcó que “la Cámara a quo no ha tomado en cuenta la complejidad que revisten los delitos del narcotráfico, y que la conducta imputada a Tomás y Funes se enmarca en la existencia de una presunta organización vinculada al tráfico de estupefacientes, conformada por varias personas”. Esto, sumado a otros elementos probatorios, como la cantidad de sustancia incautada y las escuchas telefónicas obtenidas en la causa permiten señalar que “el pronunciamiento impugnado luce infundado, ya que lo dispuesto por la Cámara de Apelaciones ha ignorado aspectos fundamentales de la problemática delictual”.

La Cámara también destacó el compromiso internacional asumido por el Estado Argentino en la persecución del tráfico internacional de estupefacientes, por lo que resolvió hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y anular la resolución que aprobó la excarcelación de los dos imputados. Además, apartó a los jueces Richar Gallego y Ricardo Barreiro y ordenó se resuelva el recurso interpuesto por el fiscal.