La fiscal María Josefina Minatta, a cargo de la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay, y el fiscal Gabriel De Vedia -de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES)- requirieron la elevación a juicio de la investigación iniciada contra una empleada de la ANSES de Gualeguaychú, acusada de iniciar trámites jubilatorios ficticios con resoluciones apócrifas, habilitando así el cobro de las prestaciones a personas que no cumplían con los requisitos para ello.

La investigación preliminar se inició mediante la denuncia de los directivos de la Unidad De Atención Integral (UDAI) de esa ciudad, al detectar numerosas irregularidades y tratos personalizados entre la empleada y las tres personas que fueron beneficiadas con el accionar ilícito.

Los hechos investigados

Los hechos datan desde septiembre a octubre del 2014. En particular, dos de los casos se refieren al reconocimiento de servicios, y el restante es respecto al grado de incapacidad.

De acuerdo a los representantes del Ministerio Público Fiscal, los expedientes administrativos iniciados y virtualmente resueltos por la empleada de ANSES no cumplían con las normativas de fondo ni de forma. Sin embargo, las personas titulares de esos trámites se encontraban cobrando las prestaciones, generando así un perjuicio a la entidad y a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos.

El caso sobre el grado de incapacidad es el más llamativo, según la pesquisa, pues la imputada tomó a su cargo tanto la iniciación como su cómputo final, eludiendo la supervisión correspondiente y luego disponiendo su archivo directo. La anomalía esencial en que habría incurrido la acusada consistió en liquidar y dar de alta el citado beneficio, habilitando así el cobro de la prestación.

Calificación legal

Durante la instrucción de la causa la mujer fue procesada, en calidad de autora, por el delito de abuso de autoridad en concurso con el de falsedad ideológica, previstos y sancionados por los artículos 248 y 293 del Código Penal. La resolución se encuentra firme.

El requerimiento del MPF resalta la relevancia de la protección de los recursos destinados al sistema de la seguridad social, las funciones y obligaciones como empleada de la ANSES, el uso indebido de claves para gestar las irregularidades identificadas y el dolo con el que actuó la imputada conociendo las normativas de su puesto, como así también la legislación previsional y penal que atañen al caso.