El fiscal Carlos Gamallo y el fiscal ad-hoc Gabriel González Da Silva solicitaron a la Cámara Federal de Casación Penal que tome las medidas necesarias para la “urgente designación” de un cuarto juez para la causa “Curatola”. Allí, se investigó una asociación ilícita, encabezada por Eugenio Curatola, que estafó a más de 400 personas por unos 90 millones de dólares. “Hay que evitar que este proceso se enderece hacia la prescripción”, dijeron Gamallo y González Da Silva. Uno de los motivos por los que se retrasó el inicio del debate fue la composición del Tribunal Oral Federal N°2. Actualmente, sólo Fernando Larrain es juez titular mientras que Horacio Dias (nombrado para la Cámara de Casación ordinaria) y Alfredo Sañudo son subrogantes. Hace unas semanas, el Tribunal dispuso la postergación del juicio hasta febrero de 2015, aunque tampoco se puede confirmar, ya que no hay designación.

“Nos encontramos ante una compleja investigación vinculada con la criminalidad económica, sobre la que corresponde redoblar los esfuerzos para dilucidar y, eventualmente, sancionar a los responsables”, sostuvieron los fiscales en el escrito. Entre las medidas propuestas está la de consultar a todos los jueces de Tribunales Orales, tanto ordinarios como federales y de penal económico para que informen sobre la “voluntad” de oficiar de cuarto juez.

El dinero de los estafados: de Argentina a Miami, vía las Islas Vírgenes

A fines de 2001, Eugenio Curatola era un empresario y ex vendedor de seguros. Con cierta experiencia en el mercado financiero, encabezó una supuesta asociación ilícita que llevó a cabo estafas millonarias no sólo en Capital Federal, sino también en Azul, Tandil, Olavarría, Mar del Plata, Bariloche y La Pampa, entre otras ciudades.

La maniobra era la siguiente: Curatola y sus representantes ofrecían, a través de la sociedad “Curatola y Asociados” invertir dólares en el “Forex”, que opera de manera virtual en el exterior. En ese momento, la oferta en ese mercado no estaba autorizada por la Comisión Nacional de Valores.
Pero no cualquiera puede ofertar en Forex. La operatoria debe hacerse a través de un “Introducing Broker”, una sociedad del exterior con permiso para ofertar. En este caso, en lugar de hacer inversiones reales en el Forex, Curatola creó “Vanderbelt Management Group” o “Forexvan” que oficiaba de “broker” y que, supuestamente, era manejada por terceros.

El depósito mínimo era de 5 mil dólares, aunque en la causa constan inversiones de hasta 100 mil. La promesa era que cuanto más tiempo estuviese depositado el dinero, más dinero ganarían. Algunas víctimas de la estafa, al comienzo de la operatoria, lograron retirar sus inversiones más un plus, lo que generó una “avalancha” de clientes hacia “Curatola y Asociados”.

Pero, a fines de 2004, la cadena de pago se cortó. Ninguno de los clientes podía realizar extracciones, luego de un anuncio del empresario de “ganancia excesiva”. Las primeras denuncias fueron registradas entre septiembre y octubre de 2005. El juez a cargo de la instrucción fue Mariano Scotto y la fiscalía que intervino fue la N°47, cuyo titular era Marcelo Solimine.

La instrucción

Unos 11 mil contratos fueron los que la justicia tuvo que investigar. Muchas de las víctimas decidieron no denunciar, por lo que a juicio llegaron alrededor de 400, que se constituyeron como querellantes. La Fiscalía sostuvo que Forexvan nunca realizó ninguna operación, sino que era una de las empresas creadas por esta asociación ilícita.

Para llevar a cabo la maniobra, los acusados constituyeron una serie de empresas offshore, compañías registradas en paraísos fiscales en los cuales no realizan ninguna actividad económica o comercial. En este caso, operaban desde las Islas Vírgenes Británicas, aunque, como allí no se puede tener una sociedad física, se constituyeron también en Panamá.

La fiscalía explicó que las inversiones, luego de ser depositadas en los paraísos fiscales, eran giradas a una cuenta en Bermudas y luego a varias cuentas que tenían en Estados Unidos. Como todo el dinero pasaba por ese país, se le dio intervención a las oficinas que el Tesoro de Estados Unidos y el FBI tienen en Argentina.

Por otra parte, hubo estafados que no quisieron radicar una denuncia en el país sino que decidieron hacerlo en las Islas Vírgenes. Allí, se armó un proceso de liquidación de la sociedad apócrifa. Luego, la Corte Suprema del Caribe del Este ordenó esta liquidación. Uno de los abogados pudo obtener los resúmenes de todos los movimientos bancarios de Vanderbelt y los aportó a la causa.

Los acusados

La maniobra no fue sólo realizada por Curatola. Gente de su más cercano entorno participó y fue cómplice de una enorme estafa que, según se estableció en la instrucción, alcanzó los 90 millones de dólares. Silvina Amestoy, ahora ex mujer del empresario, es una conocida abogada civil y está señalada como la “organizadora” de la asociación.

Entre los 18 imputados, también se figuran dos hermanos de Curatola: Clemente y Sebastián. Todos están acusados de “asociación ilícita” y “estafas reiteradas” y podrían recibir una pena de hasta 10 años de prisión. Esta semana, fueron detectadas salidas fuera del país de dos de los acusados, a pesar de que lo tienen prohibido. Aunque la fiscalía solicitó la detención, el Tribunal no accedió pero si les fijó una caución de 200 mil pesos. Es decir, que si reiteran su conducta, no sólo serán detenido, sino que también se les retendrá ese dinero.

Ninguno de los acusados, a excepción de Curatola, estuvo o está detendio. El empresario se visitó el penal de Ezeiza desde que el juez anunció su procesamiento, el 28 de diciembre de 2008, pero el el TOC N°2 lo excarceló en 2011, cuando ya había pasado el máximo de tiempo de prisión preventiva. En el medio, hubo varias denuncias de supuestas salidas del acusado a su casa en un country en Hudson.

Los requerimientos de elevación a juicio fueron varios, por la cantidad de víctimas y las diferentes localidades donde se produjeron las estafas. El primero fue en 2010 y el último, en 2013. Para el juicio fueron aceptados alrededor de 600 testigos, por lo que se estima que el debate durará un año.