22 de junio de 2024
22 de junio de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
Menu
Intervinieron los fiscales Carlos Gamallo y Gabriel González Da Silva
Siete años de prisión a una abogada por estafas de más de U$S 90 millones
La consideraron coautora de la asociación ilícita llevada adelante por su ex marido, Eugenio Curatola, que estafó a más de 400 personas entre 2001 y 2005. Además, como fueron ratificados los acuerdos de juicio abreviado propuestos por la fiscalía, fue condenado Curatola a cinco años y dos meses de prisión y otras 16 personas a tres años.

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de la Capital Federal condenó ayer a siete años de prisión y a ocho años de inhabilitación para ejercer su profesión de abogada a Silvina Amestoy, por considerar acreditado que fue organizadora de asociación ilícita “en concurso real con estafa en forma reiterada en 249 hechos” por más de 90 millones de dólares.

Los jueces Hugo Boano, Fernando Larraín y Alfredo Sañudo, que darán a conocer los fundamentos del veredicto el próximo 30 de octubre, además ratificaron los 17 acuerdos de juicio abreviado que había propuesto la fiscalía para el resto de los acusados. Todos ellos admitieron ser parte de la asociación ilícita y tener conocimiento de las estafas, por lo que fueron condenados a tres años de prisión, con excepción de Eugenio Curatola. Para él, los fiscales Carlos Gamallo y Gabriel González Da Silva solicitaron la pena de cinco años y dos meses de prisión por ser el jefe de la asociación, lo cual tuvo aceptación por parte del tribunal. Para Amestoy la fiscalía había solicitado en su alegato cinco años de prisión.

Para lograr que se sustancie el juicio a la acusada a la par de los abreviados, el Tribunal tuvo en cuenta el nuevo código procesal penal y su próxima implementación. Para ello, citó un fallo anterior a 1869, cuando el Código Civil de Dalmacio Vélez Sarsfield se utilizó en la justicia antes de estar vigente.

Previo al veredicto, Amestoy tuvo la posibilidad de decir sus últimas palabras ante el tribunal. “Hasta último momento pensé en que Curatola iba a venir para contar qué es lo que sucedió con el dinero de la gente”, dijo. También negó tener acceso al dinero de los estafados y expresó que “sólo hizo su trabajo” en la empresa “Curatola y Asociados”.

¿Cómo fue la maniobra?

Eugenio Curatola era un reconocido empresario, con experiencia en el mercado financiero. Hacia fines de 2001, en el medio de la crisis económica y social que atravesaba el país, creó la sociedad “Curatola y Asociados”. Desde esa compañía, ofrecía invertir dólares en el “Forex”, un mercado en el exterior cuyas ofertas, en aquél momento, no estaban autorizadas por la Comisión Nacional de Valores. Pero no cualquiera puede ofertar allí sino que debe haber un intermediario, un “Introducing Broker”, que es nada menos que una sociedad en el exterior con permiso para ofertar.

Curatola creó, entonces, “Vanderbelt Management Group” o “Forexvan”, que oficiaba de “broker” y que supuestamente era manejada por terceros. Desde allí, se realizaban, según lo que les decía el condenado a sus clientes, las inversiones en el Forex. El depósito mínimo para entrar en el negocio era de cinco mil dólares, aunque en el expediente constan inversiones de hasta 100 mil.

Según la investigación, Curatola y su entorno cercano crearon varias sociedades offshore, que operaban desde las Islas Vírgenes Británicas, aunque, como allí no se puede tener una sociedad física, se constituyeron también en Panamá. Ambos lugares son lo que se denominan como “paraísos fiscales”.

Las inversiones, luego de ser depositadas en los paraísos fiscales, eran giradas a una cuenta en Bermudas y luego a varias cuentas que tenían en Estados Unidos. Como todo el dinero pasaba por ese país, se le dio intervención a las oficinas que el Tesoro de Estados Unidos y el FBI tienen en Argentina. Si bien se contó con la colaboración de ambas dependencias, nunca se pudo determinar donde está el dinero.

Las víctimas de las estafas residían en la Capital Federal, Azul, Tandil, Olavarría, Mar del Plata, Bariloche y La Pampa. Al comienzo de la operatoria, algunas personas lograron retirar su dinero más “un plus”, lo que generó que más gente volcara su dinero a “Curatola y Asociados”.

Hacia fines de 2004, ya ningún cliente pudo realizar extracciones. Las primeras denuncias se registraron entre septiembre y octubre de 2005. El juez a cargo de la instrucción fue Mariano Scotto y la fiscalía que intervino fue la N°47, cuyo titular era Marcelo Solimine. Unos 11 mil contratos fueron los que la justicia tuvo que investigar pero finalmente llegaron a juicio los casos de 400 personas.