El fiscal Horacio Azzolin participó en Madrid del VII Congreso Iberoamericano sobre Cooperación Judicial, que organizó la Red Latinoamericana de Jueces (REDLAJ) y fue apoyado por el Gobierno Federal de Brasil, la comuna de la capital española, la Universidad de Barcelona, la Asociación de Jueces de Brasil y la Escuela Nacional de la Magistratura de Brasil. El evento se desarrolló entre el 25 y el 27 de noviembre y asistieron representantes de Brasil, Colombia, México, Bolivia, Perú, España, Egipto y República Dominicana, entre otros países.

Azzolin expuso en el panel "Derecho y las Nuevas Tecnologías - Expediente Electrónico", que tuvo lugar durante la segunda jornada. Su exposición versó sobre los mecanismos de cooperación judicial necesarios para la investigación de los delitos informáticos, y en especial sobre la necesidad de generar redes de cooperación formales e informales entre los operadores del sistema de justicia. También, relató la experiencia del subgrupo de trabajo de delitos informáticos que funciona en el ámbito de la Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur, y destacó la aprobación de la guía de obtención, preservación y tratamiento de la evidencia digital presentada la semana pasada en Buenos Aires. Los asistentes coincidieron en la necesidad de mejorar los mecanismos de cooperación y se mostraron interesados en la forma en la que se propuso obtener y preservar la evidencia electrónica.

También, formaron parte del panel  el director del Centro de Documentación Judicial del Consejo General del Poder Judicial (España), Iñaki Vicuña de Nicolás, y el profesor de Derecho Procesal Civil en Universidad Católica de Cuyo y magistrado de Tribunal Superior de San Juan (Argentina), Roberto Pagés Llovera. La ponencia de Vicuña estuvo destinada a mostrar cómo funciona el sistema de gestión de expedientes para el poder judicial español, en tanto que el juez argentino mostró experiencias mundiales de gestión a través de Internet.

Luego, en el panel “Filosofía del Derecho y Nuevas Tecnologías”, disertaron los expertos Jesús Ignacio Martínez García de la Universidad de Cantabria (España); Rafael de Asís Roig, de la Universidad Carlos III de Madrid (España), y el profesor de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais (Brasil) José Eduardo de Resende Chaves Júnior. Allí, se explicaron los nuevos principios procesales que surgen del denominado e-proceso -es decir, el proceso basado exclusivamente en su trámite a través de la red- y los desafíos del derecho con relación a nuevas tecnologías, como la robótica y la nanotecnología.

La apertura del congreso había estado a cargo del presidente de la REDLAJ, profesor de Derecho Penal y magistrado nacional en la Ciudad de Buenos Aires, Luis Roberto Salas Di Menza; el ministro de la Corte Superior de Chile Roberto Contreras; el presidente de la Corte Constitucional de Colombia, Luis Ernesto Vargas Silva, y la directora de la Escuela Judicial de España, Gema Espinosa Conde.

Reformas procesales y resistencias en América Latina

En el último día, se destacó el panel “La Reforma del Proceso Penal en América y España”, en el que estuvieron Salas Di Menza; la vicepresidenta de la REDLAJ y jueza de la Corte Suprema de Justicia de Perú, Elvira Barrios Alvarado, y el presidente de la Federación Argentina de la Magistratura y juez Penal de Segunda Instancia en la Provincia de Córdoba (Argentina), Víctor María Vélez. En esa oportunidad, se discutió sobre los procesos de reforma en América Latina, con especial referencia a la instauración del sistema acusatorio en Perú y la experiencia cordobesa del juicio por jurados.

Consultado al respecto, Azzolin destacó a Fiscales que “las intervenciones de los participantes y las conversaciones que a lo largo de estos días mantuve con algunos de ellos, demuestran que los procesos de reforma en América Latina han merecido objeciones similares a las que se escuchan actualmente en el marco del debate sobre la modificación del sistema de enjuiciamiento criminal en nuestro país, fundamentalmente las relativas a la eficacia del sistema acusatorio (en términos de casos ingresados al sistema y resueltos) y los roles claramente delimitados entre fiscales y jueces. Algunos colegas me comentaron acerca de la resistencia de algunos jueces a modificar el sistema procesal, ya que con un modelo acusatorio dejaban de tener el manejo de su agenda y del trámite del expediente (trámite que, en los modelos anteriores, significaba un objetivo en sí mismo)”. “Conversamos además acerca de la forma en la que los ministerios públicos se organizaban, y el denominador común era el trabajo organizado por especialización y en equipos, diferente a nuestro modelo actual”, agregó.

Durante su estancia en Madrid, Azzolin también se reunió con las fiscales Elivara Tejada de la Fuente y Ana María Martín Martín de la Escalera, de la Sala de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado. En los encuentro, se interiorizó acerca de la estructura que tiene esa dependencia y la forma de interactuar con los fiscales de toda España, además de intercambiar pareceres acerca de la investigación de los delitos informáticos en su rol de punto focal en materia de ciber-delincuencia.

La Red Latinoamericana de Jueces es un organismo de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objetivo es congregar a los jueces latinoamericanos para desarrollar mecanismos de cooperación judicial e integración a partir de un marco de confianza e inteligencia colectiva.