El fiscal federal Juan Pedro Zoni formuló el viernes el requerimiento de instrucción para que se inicie una investigación para determinar si Aníbal Fernández se enriqueció ilícitamente, en el marco de una denuncia realizada por el legislador porteño Gustavo Vera por la presunta comisión de ese delito. El representante del Ministerio Público Fiscal reseñó que, en su denuncia, Vera indicó que el ex jefe de Gabinete “habría recibido dinero ilegítimo de parte de Carlos Agustín Ahumada Kurtz y Carlos Granero, en tanto estos sujetos a través de distintos emprendimientos comerciales habrían blanqueado fondos originados por maniobras de tráfico de estupefacientes en Argentina y México”. Esa presentación también originó otra causa, registrada bajo el número 1209/2016.

En la denuncia, se sostuvo que sería conveniente verificar si el ex funcionario se enriqueció de manera ilegítima, en tanto fue vinculado a conductas criminales investigadas en el marco de la causa 17.512/08, a partir de los dichos del condenado por el “Triple crimen de General Rodríguez” Martín Lanatta, quien indicó que Ahumada Kurtz le entregó al también ex senador “una importante suma de dinero vinculada a la importación y posterior desvío de efedrina para la producción de estupefacientes”. En ese expediente, está procesado entre otros el ex titular de la SEDRONAR, José Ramón Granero, hermano de Carlos.

Zoni explicó que “si bien en la referida presentación [la de Vera ] también se reprocha la comisión de delitos a Carlos Agustín Ahumada Kurtz y Carlos Granero, estas conductas son investigadas en el marco de la causa 1209/2016, que al igual que el presente legajo fue declarada conexa a la causa 17512/08, todas del registro de la secretaría 2 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1 de esta Ciudad”. Por ese motivo, en su dictamen no hizo valoración respecto a las conductas de aquellos y aclaró que “en estos actuados se impulsa la acción penal con el objeto de investigar si Aníbal Domingo Fernández se enriqueció ilegítimamente durante los años 2002 y 2015”.

Al formular el requerimiento, el fiscal a cargo de la Fiscalía Federal N°8 le sugirió a la jueza María Servini de Cubría una serie de diligencias, entre las que se cuentan pedidos de información a la Oficina Anticorrupción (OA); a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); a la ANSES; a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios; a la Unidad de Información Financiera (UIF) y al Banco Central de la República Argentina (BCRA), entre otros organismos.