La titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°1, María Romilda Servini, hizo lugar al pedido formulado por la fiscal federal María Alejandra Mángano y llamó a prestar declaración indagatoria a empresarios de la firma Trenes de Buenos Aires (TBA) y de la empresa de seguros Liderar, quienes deberán comparecer a partir del 30 de noviembre próximo. La medida también alcanza a ex funcionarios públicos de la Secretaria de Transporte, de la Superintencia de Seguros de la Nación y de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT). En la causa se investiga una posible maniobra defraudatoria de TBA (ex concesionaria de las líneas “Sarmiento” y “Mitre”) en la contratación de la empresa de seguros “Liderar Compañía Seguros S.A”.

En el expediente se investiga una posible maniobra defraudatoria desplegada por los responsables de la explotación comercial de las líneas de ferrocarriles “Sarmiento” y “Mitre” a través de la empresa “Trenes de Buenos Aires” (TBA S.A.) como concesionarios, así como por parte de los encargados del seguro de responsabilidad civil contratado para dicha actividad por medio de “Liderar Compañía Seguros S.A”.

Mángano había pedido que se indague al Comité Ejecutivo de TBA –Sergio Cirigliano, Marcelo Calderón y Jorge Álvarez-, al presidente de dicha empresa Carlo Ferrari, al vicepresidente Jorge De Los Reyes y a los integrantes del Directorio de la misma, Esteban Pont Verges, Víctor Astrella, Laura Ballesteros, Guillermo D´Abenigno, Francisco Pafumi y Antonio Suárez.

Para la Fiscalía, la maniobra permitió frustrar los derechos de reparación de los civilmente afectados por distintos episodios dañosos, en particular -pero no exclusivamente- del incidente ferroviario ocurrido el 22 de febrero de 2012 en Once.

También solicitó que se cite a los representantes de la empresa de seguros Liderar Oscar Nieves, José Buccioni, Juan Carlos Buglioti y Franco Ortolano y a los ex secretarios de Transporte de la Nación Ricardo Jaime y a Juan Pablo Schiavi; a Juan Antonio Bontempo, ex superintendente de Seguros de la Nación, y a Fernando Cortés y Antonio Sícaro, en carácter de ex gerente de concesiones ferroviarias y ex interventor de la CNRT, respectivamente.

Para la Fiscalía, existen pruebas suficientes para afirmar que los imputados de la empresa TBA S.A. y de la Compañía de Seguros Liderar S.A. defraudaron los intereses del Estado Nacional y de los usuarios del servicio de ferrocarril al suscribir en el año 2004 y prorrogar año a año hasta el 2012 un contrato de seguro sólo “aparente”. Agregó que “los directivos de TBA S.A. tomaron la decisión de contratar como seguro de responsabilidad civil aquel ofrecido por la Aseguradora Liderar S.A., cuya póliza no se encontraba aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación”.

Según la fiscal, se habría incumplido deliberadamente con las obligaciones asumidas con el Estado Nacional a través de la legislación de la concesión y, concretamente, se generó un perjuicio económico a las arcas del Estado, a partir de la suscripción de una póliza de seguro aparente, que permitió frustrar los derechos de reparación de los civilmente afectados por distintos episodios dañosos, en particular – pero no exclusivamente -, del incidente ferroviario ocurrido el 22 de febrero de 2012 en la estación Once de la línea Sarmiento.

Según la acusación, los imputados defraudaron los intereses del Estado Nacional y de los usuarios del servicio de ferrocarril al suscribir en el año 2004 y prorrogar año a año hasta el 2012 un contrato de seguro sólo “aparente”.

Entre varias de las cuestiones analizadas en el pedido a indagatoria la Fiscalía refirió que “los términos de la contratación que realizó TBA S.A., respecto de la firma Liderar Compañía Seguros S.A., estuvieron guiados exclusivamente por intereses económicos, los cuales se reflejaron en una reducción antinormativa de los gastos anuales en concepto de seguro, con la intención de pagar siempre el menor monto posible en concepto de seguro, con la intención de pagar siempre el menor monto posible en concepto de responsabilidad civil o bien, en caso de superarse esos montos excesivamente bajos de responsabilidad civil, presentarse como insolventes ante las demandas de terceros”.

Finalmente, Mángano explicó que el posible ilícito encarado por los representantes de la empresa de seguros Liderar y TBA S.A. por medio de las cláusulas de contratación no fueron controladas ni sancionadas por los organismos de control del Estado, que debían fiscalizar a la empresa concesionada.