La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por el interventor del Hospital Nacional Posadas, Alberto Alejandro Maceira, por medio de la cual puso en conocimiento de la Fiscalía Federal Nº1 de Morón la existencia de un video publicado en  YouTube que alertaba, con un relato falso, sobre una supuesta situación de colapso por “coronavirus” -COVID-19-, difamando así el servicio de salud nacional que se presta en el mencionado nosocomio.

En ese contexto, a fin de comprobar los extremos denunciados, la dependencia a cargo del fiscal federal Santiago Marquevich dio inicio a una Investigación Preliminar (IP), en el marco de las facultades conferidas por artículo 8 de la ley 27.148 y los lineamientos de la Resol. PGN 121/06, y se solicitó la colaboración de la División Delitos Tecnológicos de la PFA.

​La pesquisa realizada por la Fiscalía juntamente con la PFA permitió constatar la existencia del video en cuestión, que mostraba una imagen del Hospital Posadas mientras se reproducía un audio que manifestaba “acabo de llegar del Hospital Posadas, me atendieron, no sabes cómo estoy, estoy re mal, no sabes lo que yo vi en el Hospital, no sabes... no sabes lo que me entere en la reunión, vos sabes hay tres pisos llenos de coronavirus y no lo quieren decir a nadie porque es un Hospital Nacional”.  “(…) hay cualquier cantidad, es una pandemia ya...y la gente no sabe nada Nati, tengo que decirlo en la reunión. Mostrarles mi grabación (…) no puede ser, no puede ser que la gente se muera de virus sin decir nada (…) hacéles escuchar este audio a todos, necesito que todos lo sepan y lo difundan, porque nadie dice nada, pero yo lo vi con mis ojos Nati, yo lo vi con mis ojos”.

Asimismo, se registró que la “fake news” en cuestión registraba 144.989 visualizaciones y que el canal sería una continuación de otro, que habría sido cerrado con anterioridad por Google, también a raíz de publicaciones falsas.

Fake news con graves consecuencias

El fiscal, respetando las medidas de cuidado establecidas con motivo de la pandemia a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020, que fijó un aislamiento social preventivo y obligatorio de toda la población, envió un pliego interrogatorio –via email - al interventor del Posadas a fin de que se explaye sobre la situación sanitaria actual del nosocomio, recursos humanos y materiales disponibles, las medidas adoptadas como consecuencia de la pandemia COVID-19 y posibles repercusiones internas y externas que la publicación y difusión masiva del video pudo traer aparejado.

​En su respuesta, tanto verbal y posterior audiencia llevado a cabo mediante “video-conferencia”, Maceira ratificó la denuncia inicial y a las preguntas formuladas por la fiscalia contestó -entre otras cosas- que “al momento de tomar conocimiento de la falsa noticia denunciada, se encontraba internada una (1) sola paciente aislada por cuyo resultado del test fue positivo. Al día de la fecha se han realizado cuarenta y cuatro cuarenta y ocho (48) estudios sobre pacientes con síntomas, de los cuales cuarenta y cuatro (44)  resultaron negativos (...) Los cuatro (4) restantes casos arrojaron resultado positivo, siendo que en la actualidad dos de ellos se encuentran internados aislados en el Hospital mientras que los dos restantes en sus domicilios particulares (... ) lo indicado en la publicación respecto que existen pisos enteros con casos de coronavirus es totalmente falso (…).

​Ademas el funcionario describió las graves consecuencias que la difusión de la noticia falsa había generado en el servicio de salud brindado por el hospital: “el personal del nosocomio se mostró preocupado por el peligro que implica una situación como la denunciada, maxime para los trabajadores (…) El público en general que se atiende en el hospital se interesó en saber si lo publicado era cierto y si debían tomar algún tipo de prevención al venir al hospital, preocupándose aquellos que se habían atendido en esos días en el hospital por temor al contagio (…) Otra grave consecuencia que provocó esta falsa denuncia radicó en el hecho de que muchos de los donantes de sangre que concurrían al Hospital para efectuar la misma, dejaron de hacerlo por el temor que originó en ellos la publicación. La campaña de donación de sangre se vio afectada. Mantener el banco de sangre funcionando en el hospital resulta imprescindible en estos tiempos”

Identificación y allanamiento

Así, la fiscalía y los preventores se avocaron al análisis de la publicación falsa y lograron individualizar a su presunto responsable e identificar su perfil de Facebook. Se trata de un hombre mayor de edad con domicilio en el barrio porteño de Once.

Contando con esos datos y tras verificarse su domicilio, el juez Nestor Barral -a cargo del Juzgado federal Nº3 de Morón- hizo lugar al pedido de Marquevich y ordenó el allanamiento de la vivienda donde se encontró al investigado S.R.A.; allí se lo notificó de la causa en su contra, de sus derechos y se secuestró la notebook que tenía consigo, desde la cual habría subido el video intimidatorio con la noticia falsa.

​El magistrado también hizo lugar al pedido de la fiscalía de recibirle declaración indagatoria al imputado, cuando la situación coyuntural lo permita, por el delito de intimidación pública previsto y reprimido en el artículo 211 del Código Penal. En su requerimiento, el fiscal justificó la medida y calificación legal sosteniendo que debía valorarse el especial contexto de pandemia que se vive a nivel nacional y mundial: “En lo que concierne a los efectos de dicha publicación, es decir la capacidad de infundir temor o provocar tumultos y/o desórdenes, merece destacarse el especial contexto –nacional y mundial- en el que dicha publicación es divulgada (…) Frente a ese panorama, la divulgación de información por canales abiertos a la comunidad y que registran elevados niveles de audiencia dando cuenta de un estado crítico y caótico que acontece en el Hospital Nacional de mayor envergadura e importancia en la zona y respecto del fenómeno que azota al mundo, cobrándose gran cantidad de vidas a diario, son por demás demostrativos de la capacidad de producir los efectos a los que hace referencia el tipo penal en análisis”.

​Finalmente, Maquevich requirió a las empresas Google y Facebook que preserven el video subido por el imputado al canal YouTube con toda su información y publicaciones vinculadas. En los próximos días, cuando la situación lo permita el juez barral recibirá indagatoria al imputado.