A partir de un informe realizado por la Fiscalía Federal Nº 6, a cargo de Federico Delgado, en el último turno con la fuerza policial (del 16 al 30 de noviembre de 2015) y en relación con el turno anterior correspondiente a mayo del mismo año,  las causas por intimidación pública –amenazas de bomba a instituciones educativas- ascendieron a 130. El representante del MPF señaló que si bien los expedientes, en su mayoría, terminan siendo archivados,  las amenazas de bomba efectuadas telefónicamente “generan un efecto inmediato: la evacuación del lugar, el cese de las actividades educativas y el despliegue de recursos del estado”.

Se trata de las causas ingresadas al sistema judicial por intimidación pública - amenazas de bomba- realizadas fundamentalmente en instituciones educativas y en menor medida en sanatorios y otras dependencias públicas e instituciones privadas.  Según el documento, del total de expedientes ingresados en el turno de noviembre de 2015, el titular del Juzgado Federal Nº 8, Marcelo Martínez de Giorgi, delegó a la fiscalía la investigación en 109 oportunidades. De ese universo, 89 causas están archivadas, 19 continúan en trámite y una fue remitida por incompetencia territorial.

Las denuncias se caracterizaban por haber sido efectuadas en las franjas horarias en las que se desarrolla el trabajo propio de los establecimientos educativos, y mayoritariamente, desde líneas de teléfonos imposibles de rastrear , ya sea porque se realizan desde números pertenecientes a compañías telefónicas para hacer llamadas de emergencia  , o muchas veces sucede que las llamadas se registran desde líneas donde la titularidad de la misma es falsa.

En este sentido, el representante del MPF explicó que las amenazas de bomba efectuadas telefónicamente “generan un efecto inmediato: la evacuación del lugar, el cese de las actividades educativas y el despliegue de recursos del estado”. El despliegue de recursos del estado, implica un despliegue a nivel policial y judicial donde se generan una serie de proceso penales que difícilmente lleguen a una identificación concreta de los autores, “por la falta de mecanismos de regulación y control sobre las líneas de teléfonos desde las que se hacen las llamadas”. Asimismo, refirió que “quienes llaman y denuncian falsamente saben que no van a ser descubiertos, fundamentalmente por la falta de control sobre las líneas telefónicas (…) y principalmente del Estado, en la venta masiva de chips de telefonía celular pre-activos, que habilita a que este tipo de delitos queden impunes”.

El fiscal Delgado sintetizó al final del informe  la gravedad de este tipo de denuncias al señalar que “un componente aún más relevante,  es la creencia de las personas que intervienen en cada procedimiento acerca de la veracidad de la circunstancias denunciadas (…) en algunas de las causas los llamados anunciando la existencia de elementos explosivos, muchas veces se efectúan con diferencia de  horas o minutos (…) razón por la cual las autoridades tienden a descreer de las circunstancias puestas en conocimiento, y disponen no desalojar los establecimientos. El problema radica en el gran riesgo que implica que algún día ese elemento explosivo efectivamente exista y nadie tome en serio el llamado”.