La fiscal Gabriela Baigún participó hoy de una inspección junto con personal del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza y el Hospital que funciona dentro del penal para constatar las condiciones de alojamiento en las que se encontraba el condenado Luis Abelardo Patti. La semana pasada los jueces de Casación Angela Ledesma, Alejandro Slokar y Liliana Catucci le concedieron la prisión extramuros al considerar que no estaban cubiertas las necesidades en cuanto al tratamiento que necesita el ex intendente de Escobar condenado por delitos de lesa humanidad.

La representante del Ministerio Publico constató que las reformas en la unidad ya están terminadas por lo que se comunicó con el Tribunal Oral Federal N°1 de San Martín para solicitar el reingreso de Patti. Estuvo presente también el director del Hospital Central de Ezeiza, quién expresó que la unidad es una de los más completas dentro del Servicio Penitenciario. Aclaró también que no es un lugar adecuado para una persona que necesita atención las 24 horas del día, pero Patti no encuadra dentro de esa definición.

Durante la inspección se verificó que el baño (algo que mencionó la defensa) estuviera en condiciones y que los accesos a los lugares de recreación y a la enfermería fueran cómodos, para que pudiera movilizarse. La semana pasada, ya se había realizado una inspección por parte del personal de la Sala II pero la Fiscalía no había sido notificada. Tampoco, lo comunicaron el día de la audiencia por lo que finalmente el Ministerio Público se enteró mediante la resolución, que a su vez utiliza esta inspección para dictar su fallo.

La causa

La sala II de la Cámara de Casación Penal, con las firmas de Ledesma, Slokar y Catucci, dispuso otorgarle a Patti el egreso de la unidad carcelaria hasta que se realicen las obras de infraestructura que necesita para continuar su tratamiento. En su fallo puntualizan que si bien se han otorgado mayores recursos al detenido "para su accesibilidad e integración", eso no resulta suficiente.

El ex subcomisario de la Bonaerense fue condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad por el Tribunal Oral Federal N°1 de San Martín, que había rechazado conceder la internación en la clinica privada Fleni de Escobar. Su defensora, Valeria Corbacho, presentó un recurso contra esa decisión, que fue parcialmente concedido por Casación. Ahora, Patti se encuentra internado en la Clínica de Monte Grande.

La fiscal Gabriela Baigún se había opuesto a esta decisión luego de visitar el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza (ubicado dentro del Servicio Penitenciario), donde constató la situación de detención y estado de salud del represor. En el escrito que había adjuntado, se refirió a las condiciones en las que se encuentra alojado, constató las reformas en la habitación, el baño, el acceso y la circulación (ya que Patti se encuentra en silla de ruedas) y quetenía a disposición los recursos humanos disponibles para su correcta atención.

Los jueces de la Cámara le solicitaron al Tribunal que realice un seguimiento de las reformas en la unidad donde estaba alojado el ex intendente de Escobar. "Culminadas las reformas edilicias adecuadas, el Tribunal podrá, previo dictamen del Cuerpo Médico Forense, disponer el traslado de Luis Abelardo Patti de modo inmediato al Hospital Penitenciario Federal I de Ezeiza", sostuvieron Ledesma, Slokar y Catucci.

Cabe destacar que en el fallo citan un dictamen del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que intervino con una serie de "recomendaciones" a raíz de una demanda presentada por Corbacho. El Cómite sostuvo que el Estado argentino tiene la “obligación de reparar los derechos” y recomendó a los jueces “velar, en el marco de la autonomía del paciente sobre el tratamiento médico que tenga acceso a cuidados sanitarios adecuados y oportunos”.

Baigún había sostenido en la audiencia previa a la decisión que la voluntad del Estado en cumplir las recomendaciones del Cómite estaba "acreditada". Había alegado que el órgano internacional no consideró que a Patti se lo estuviese sometiendo "a tratos cueles, inhumanos o degradantes como sostenía la defensa" y que estaban garantizados los tratamientos para la rehabilitación en el Hospital del Servicio Penitenciario. La representante del Ministerio Público había considerado que el represor no recibe el tratamiento por que "se niega".