Desde el 20 de marzo, cuando se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de COVID-19,  y hasta el 14 de julio pasado, la Unidad Fiscal de Ejecución Penal (UFEP) y la Unidad Fiscal de Ejecución Federal (UFEF) contestaron 2580 y 348 vistas, respectivamente, en distintos expedientes, de acuerdo con un relevamiento realizado por ambas oficinas a cargo de la fiscal Guillermina García Padín, que fue comunicado a Fiscales.gob.ar

Ambas unidades son las que intervienen en los trámites de ejecución penal, que históricamente presentan un gran caudal de trabajo. La UFEP actúa ante el fuero de ejecución penal nacional que tiene cinco juzgados especializados. Por su parte, la UFEF interviene frente a los tres tribunales en lo Penal Económico y ante los ocho tribunales orales federales, en los casos en los que los fiscales generales federales así lo dispongan. Se excluyen los delitos de lesa humanidad, ya que la intervención en ellos se encuentra bajo la órbita de las unidades especializadas.

El relevamiento realizado por las dependencias a cargo de la fiscal García Padín indica que al momento de declararse la emergencia sanitaria por COVID-19, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) tenía alojadas 13.841 personas y que en la actualidad la población carcelaria suma 11.648. A disposición de los juzgados nacionales de Ejecución Penal se encuentran aproximadamente 3087 personas condenadas, lo que incluye a quienes están en cárceles y a las que cumplen arresto domiciliario. Además, UFEP interviene en los trámites de 1200 personas liberadas y en 5500 condenas que fueron dictadas en suspenso. La UFEF, por su parte, interviene en los casos de alrededor de 282 detenidos, alojados en su mayoría en el ámbito del SPF.

La UFEP procesó 3475 notificaciones, de las cuales 1822 fueron de carácter resolutorio y estuvieron vinculadas a los dictámenes emitidos en ese período.

El trabajo de la Unidad Fiscal de Ejecución Penal 

Entre el 16 y el 19 de marzo, antes de la declaración del aislamiento social, preventivo y obligatorio, la prioridad estuvo en procesar todas las causas que se encontraran “físicamente” en la Unidad. En esos cuatro días se emitieron 179 dictámenes. A partir del 20 de marzo, el trabajo se realiza de forma remota y se utiliza el programa Lex 100 del Poder Judicial de la Nación tanto para recibir como para contestar las vistas de actuaciones y controlar las notificaciones que realizan los juzgados.

De las 2850 vistas contestadas al 14 de julio, un 44,3 por ciento (1143) estuvieron vinculadas a pedidos de arresto domiciliario. Un 20,93 por ciento fueron sobre libertad condicional (540) y un 13,75 por ciento, sobre planteos de libertad asistida (355). Con respecto a cuestiones de estímulo educativo, extrañamiento, salidas transitorias, sanciones y situaciones procesales, se contestaron 288 vistas (un 11,16 por ciento del total); otras 58 vistas (2,24 por ciento) tuvieron relación con liberados; y 196 (7,59 por ciento) fueron incidencias en penas en suspenso.

El promedio de causas en vista desde el 20 de marzo fue de 32 por día. Además, en este período la UFEP procesó 3475 notificaciones, de las cuales 1822 fueron de carácter resolutorio y estuvieron vinculadas a los dictámenes emitidos en ese período. Cabe destacar que en cada intervención que correspondiera, la UFEP promovió ante los juzgados la intervención de las víctimas de acuerdo a lo establecido en la ley 27372 de “Derechos y Garantías de las personas víctimas de delitos”. Se ha requerido en este tiempo asistencia a la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) en 35 oportunidades.

En cada intervención que correspondiera, la UFEP promovió ante los juzgados la intervención de las víctimas de acuerdo a lo establecido en la ley 27372.

La UFEP debe intervenir, además, ante la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional en los recursos de casación que plantea el Ministerio Público Fiscal como así también mediante la presentación de breves notas en aquellos recursos presentados por las defensas. Durante estos casi cuatro meses se registraron 72 presentaciones, entre breves notas y recursos de casación, y se contó con la colaboración del Área de Asistencia del MPF, en especial la fiscal María Piqué, como así también del fiscal Diego García Yomha.

Otro de los puntos a destacar es que la UFEP está llevando adelante el proceso para certificar normas ISO por atención telefónica a condenados privados de libertad bajo la órbita del fuero de ejecución penal nacional. En este contexto de trabajo remoto, se le requirió al Área de Soporte de la Procuración General de la Nación un mecanismo para derivar las llamadas a un celular del equipo de la Unidad. Con este sistema se logró restablecer el proceso de atención telefónica y se registraron 464 llamadas con consultas.

El trabajo de la Unidad Fiscal de Ejecución Federal

En el ámbito de la UFEF, la actuación también se realiza de forma remota y se utiliza el sistema informático Lex 100. La Unidad dictaminó en 348 oportunidades durante el período, de las cuales 144 versaron sobre pedidos de arresto domiciliario, lo que representa un 41,37 por ciento del total. Un 26,72 por ciento (93 trámites) fueron sobre libertad condicional; un 27,01 por ciento, sobre estímulo educativo, extrañamiento, salidas transitorias, sanciones y situaciones procesales (unas 94 vistas); y 17 intervenciones estuvieron relacionadas a libertades asistidas.

El promedio de vistas contestadas por la Unidad fue de cinco dictámenes por día. Por otra parte, en este período, la UFEF procesó 176 notificaciones de carácter resolutorio, todas ellas vinculadas a los dictámenes emitidos desde la determinación del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Contó, además, con la colaboración del fiscal general Diego Velasco.

La fiscal García Padín destacó la labor y el compromiso de los trabajadores y las trabajadoras de las dos unidades fiscales que permitió ejercer con eficiencia la representación del Ministerio Público Fiscal en el contexto del aislamiento por las medidas sanitarias vigentes.