El fiscal José María Campagnoli, transitoriamente a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°10 de la Capital Federal, intimó a distintas autoridades del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, para que justifiquen la situación del edificio conocido como “Elefante Blanco”, ubicado al 3200 de la Avenida Piedrabuena, en Ciudad Oculta, Mataderos,  donde murió un niño de 12 años en agosto del año pasado.

El hecho que investiga Campagnoli ocurrió el 18 de agosto de 2012, cuando Nahuel Toledo murió por los golpes recibidos, tras caer al vacío desde el piso 12, por el hueco de un ascensor.

El estado de abandono del edificio y el inminente riesgo para la salud de las personas que allí viven, motivó que el fiscal enviara diversos oficios requiriendo información a funcionarios porteños, ya que el inmueble figura a nombre del gobierno de la ciudad.

Entre los funcionarios intimados por el fiscal Campagnoli se cuentan los ministros de Ámbiente y Espacio Público, Diego Santilli; Desarrollo Social, Carolina Stanley; y Salud, Graciela Reybaud; el presidente del Instituto de la Vivienda de la C.A.B.A., Emilio Basavilbaso; los directores generales Carlos María Pedrini y Alejandro Roldán, a cargo de la Unidad de Gestión de Intervención Social y la Guardía de Auxilio y Emergencias, respectivamente; la presidenta del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, Yael Silvana Bendel; y la secretaria de Hábitat e Inclusión, Marina Klemensiewicz.

Por otra parte, el fiscal pidió informes al titular de la Comisaría N°48 de la Policía Federal Argentina, y al jefe de la División Siniestros de la Superintendencia Federal de Bomberos de la PFA, para que hagan saber si hubo otros sumarios judiciales iniciados durante 2012 por hechos ocurridos en el interior del edificio "Elefante Blanco" y si la estructura y condiciones edilicias constituyen un riesgo para las personas. También se pidió información al director del Hospital Francisco Santojanni, respecto a personas heridas o accidentadas, que hayan sido atendidas durante 2012.

El fiscal se encuentra analizando las contestaciones recibidas, al tiempo que se han reclamado aquellas que siguen pendientes de información, todo lo cual permitirá establecer si cabe responsabilizar a algún funcionario porteño por la situación de abandono que padecen los habitantes del edificio.