El fiscal federal, Jorge Di Lello, dispuso que todos los fiscales electorales del país deben llevar adelante un relevamiento sobre la posible existencia de publicidad de candidatos nacionales que violen los plazos establecidos para la campaña proselitista que legalmente comenzará el próximo 10 de julio. También, enviarán notas a los apoderados de los partidos políticos en la que solicitarán que informen sobre las actividades de cada agrupación relacionadas con la comunicación y la propaganda de los aspirantes que participarán de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) previstas para el 9 de agosto.
Para el representante del Ministerio Público, la idea de llevar adelante estas actuaciones es entender que “la campaña electoral tiene como requisito ineludible que exista la captación del electorado a través de la misma, por lo cual la posibilidad de que sea una campaña a nivel nacional con un número importante de cartelería en la vía pública y afiches publicitarios, nos puede llevar a determinar si existe peligro o influencia en el electorado”.
La investigación preliminar se había iniciado el 20 de noviembre de 2014 luego de la remisión de testimonios por parte la Cámara Nacional Electoral y de un artículo periodístico publicado por el diario La Nación que daban cuenta de la existencia de publicidad anticipada en distintos lugares del país y, más precisamente, en la Provincia de Entre Ríos.
La fiscalía federal con competencia electoral lleva adelante desde hace unos dos años y con el dictado del fallo “Sobisch, Jorge Omar y otros s/art. 63 inc. b) Ley 26.215-Inf. Final Legislativa 2007 M.P.N. (Movimiento Popular Neuquino)” por parte de la Cámara Nacional Electoral de procesos contra las autoridades de las agrupaciones por infracciones a la ley de financiamiento de los partidos políticos, tanto en campañas como en gastos anuales.
Las actuaciones se rigen por un proceso administrativo sancionador. En este momento, la dependencia del MPF tramita más de 20 causas abiertas por distintas infracciones a la ley 26215, en las cuales se encuentran imputadas alrededor de 65 personas. Unos 30 son responsables económicos de los partidos y financieros de las alianzas que participaron en los comicios de 2011 y 2013. El resto de los imputados corresponden a responsables de medios televisivos, gráficos, imprentas y agencias de publicidad.