La modelo Jazmín de Grazia murió el 5 de febrero de 2012 en su departamento de Recoleta. Mientras el juez Ernesto Botto y el fiscal Justo Rovira investigaban las causas del hecho, el diario Crónica publicó en la tapa de su edición del 10 de febrero una serie de fotografías que mostraban casi sin filtro cómo habían hallado a la joven. Luego de llamar a declaración a varios funcionarios policiales, el representante del Ministerio Público realizó la denuncia por la filtración.

Aquel desprendimiento de la causa “principal”, a cargo del juez Juan Ramos Padilla y la fiscal Silvana Russi, tuvo novedades la semana pasada: fueron llamadas a indagatorias 12 personas, entre policías y periodistas del medio gráfico y la versión web del matutino. Pero, además, por este expediente judicial, el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo en ese momento de Nilda Garré, se vio obligado a establecer una normativa de actuación dentro de la División Fotografía de la Policía Federal Argentina.

El expediente por las fotografías

Ese 5 de febrero, por orden del fiscal Rovira, personal de la Unidad Criminalística de la PFA se dirigió hacia el departamento de De Grazia, donde un fotógrafo (y sargento primero) tomó 56 imágenes de la escena del “posible” crimen. Aunque debían constar en el expediente, nunca fueron remitidas en su totalidad. Cinco días después, el diario Crónica publicó la serie.

El fiscal Rovira, al momento de conocerse la filtración, dijo tener “la firme sospecha” de que el personal policial que colaboró como auxiliar de la investigación sobre las razones de la muerte, fue quien le reveló el contenido al diario, “presumiblemente a cambio de dinero”. En ese momento, se realizó un sumario administrativo, donde se estableció que las fotos publicadas eran, efectivamente, las tomadas por la División Fotografía. También, se descubrió que faltaba un juego de copias de las imágenes, que debía haber sido entregado a la comisaría interviniente.

Por ese sumario, un grupo de agentes fueron pasados a disponibilidad o suspendidos preventivamente. En el requerimiento elaborado por Russi, se consignaron los primeros imputados que tuvo la causa, entre los que se encontraba el jefe de la División Fotografía y varios uniformados de la misma dependencia y de la Dirección General de Pericias.

“Existen elementos suficientes para formular convocatorias a prestar declaración indagatoria”, resolvió el juez Ramos Padilla. Las declaraciones iban a comenzar esta semana pero algunos de los imputados pidieron una prórroga por lo que finalmente se realizarán en marzo de 2015. La recolección de pruebas incluyó el secuestro de más de 60 celulares y el correspondiente entrecruzamiento de llamadas. La imputación es por “violación de secretos” y, de comprobarse un pago por el material, abarcaría el “cohecho”.

Las personas llamadas a indagatoria son: el director del Grupo Crónica, Hugo Ferrer; el jefe de redacción, Ricardo Fioravanti; el editor de la sección Policiales, Emilio Balcarce; los periodistas Iván Schneider, Matías Kaplan y Carlos Ventura, al igual que su hermano, Luis. Cabe destacar la citación de la subinspectora María Silvina García, de la División Fotografía; de la cabo Silvia Bustamante, y de las agentes Carla Rehak, Andrea Recowsky y Patricio Leyenda.

El protocolo de actuación

A fines de noviembre de 2012, después de haber pasado a disponibilidad a los agentes que intervinieron en el caso, el Ministerio de Seguridad lanzó el “Protocolo de actuación para la cadena de custodia de los registros fotográficos periciales” para la PFA. En la resolución que acompañaba la disposición, la ex ministra Garré explicaba que, hasta ese momento “no existía en el ámbito de la Policía normativa vigente que establezca los criterios mínimos que regulen el accionar de dicha Institución en la materia”.

El documento estableció la figura de un “coordinador o preventor”, quien debe resguardar la escena del crimen y fijó las reglas para el trabajo del fotógrafo. También, creó una “cadena de custodias”, un conjunto de procedimientos para resguardar “la integridad de los registros fotográficos del lugar del hecho o escena del crimen, impidiendo su pérdida, adulteración, destrucción y/o reproducción”.

Según el documento, las medidas de prevención comienzan en el lugar donde se obtuvieron las imágenes, continúan con el traslado e impresión y finalizan con la entrega al juez o fiscal interviniente. Toda esta cadena está documentada, algo que anteriormente no existía. “Todo aquel funcionario que participe en el proceso será el responsable de velar por la seguridad, integridad y preservación de los registros” dispuso el protocolo.

Por ejemplo, la descarga de las fotografías sólo puede hacerse ahora en computadoras sin conexión a Internet, especialmente acondicionadas para dicha tarea y el acceso a los archivos es restringido. Cada uno de los movimientos relacionados con el material es asentado en un registro. Es decir, que en caso de haber algún tipo de filtración o inconveniente, el responsable será el último que figure allí y “deberá responder por su reproducción, pérdida, adulteración y/o destrucción, sea que se produzca en forma parcial o total”. Aunque deja claramente previsto que también podrá tener responsabilidad el jefe del área o dependencia.