08 de febrero de 2023
08 de febrero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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La fiscal había solicitado 4 años de prisión para la ex polifuncionaria
Juicio a María Julia: alegaron las defensas
La defensa de la liquidadora de ENTel solicitó en su alegato la nulidad del juicio y requirió la absolución de todos los imputados. Los abogados de Gustavo Daneri y Hernán Pflaum coincidieron en criticar la situación de la empresa pública al momento de su privatización.

Las defensas de María Julia Alsogaray y del resto de los imputados en la causa donde se investigan contratos fraudulentos firmados durante la liquidación en la ex ENTel alegaron ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6, compuesto por los jueces Julio Panelo, María del Carmen Roqueta y José Martinez Sobrino. La fiscal de juicio Sabrina Namer había solicitado en su alegato cuatro años de prisión para la ex polifuncionaria por considerarla responsable del delito de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en carácter de autora". Por ese mismo delito, para el ex coordinador general de ENTel, Gustavo Daneri, había pedido 3 años de prisión.

La representante del Ministerio Público consideró, en la audiencia de la semana pasada, como partícipe a Hernán Pflaum de KPMG, y requirió para él dos años de prisión en suspenso, mientras que solicitó la absolución de Juan Carlos Pickhenhayn, también representante de la empresa.

En primer término habló el abogado de KPMG, quién expresó que la denuncia que se basa en el informe de auditoria de la SIGEN es un "compendio de subjetividades y prejuicios".
Sostuvo además que la contratación se hizo bajo los entandares de la administración pública y que la empresa no fue beneficiada por ningún funcionario. "No existe elemento alguno para enjuiciar al Pflaum", expresó.

Luego, fue el turno de la defensa de Daneri, quién recordó que tienen pendiente un recurso extraordinario federal ante la Cámara de Casación donde plantearon la "prescripción por plazo razonable". La defensa destacó el estado caótico de ENTel y ratificó las "gravísimas falencias investigativas", del informe y de la causa en general. "Daneri hizo lo mejor que pudo en cuidado de los fondos estatales", esgrimió el abogado y negó la amistad o "relación intima" entre el ex coordinador de ENTel y el abogado Fernandez Madero.

Por último la defensora pública Pamela Bisserier realizó su alegato en defensa a Alsogaray. Allí se preguntó por qué la Oficina Anticorrupción (OA) no figura como querellante, argumentando que es porque no hubo daño real al Estado. "En esta causa no hay delitos, hay actos administrativos", esgrimió.

Aclaró también que el contrato de la UTE (Unión Transitoria de Empresas) y lo que se pagó por él, además de las tareas que debía cumplir, no era simplemente para pagar juicios sino "para pagar el desastre de ENTel". Expresó que no todo lo que ocurre en una dependencia es responsabilidad del máximo mandatario: "la mala praxis le corresponde a los abogados del Ministerio de Economía".

La defensora sostuvo que "no hay un sólo hecho que vincule o conecte a Alsogaray a un obrar delictivo". También planteó la nulidad de todo el juicio por "vulneración de la garantía de plazo razonable" y por afectar el "debido proceso" y requirió el sobreseimiento de la ex funcionaria.

El tribunal fijó una nueva audiencia para este jueves 3 de abril a las 10 horas para que la fiscal conteste los pedidos de nulidad y se realicen las réplicas y dúplicas.

La causa

El juicio comenzó el 11 de febrero pasado. Los hechos investigados corresponden a un contrato, supuestamente fraudulento, que realizó en 1994 la ex ENTel con la Unión Transitoria de Empresas (UTE), integrada por las firmas “KPMG”, “Copiaga S.A.”, y por el estudio Fernández Madero. La contratación se realizó mediante un concurso privado de precios y preveía tareas de liquidación y certificación final de contratos de obra pública que había firmado la telefónica estatal.

Según se pudo establecer, las autoridades de ENTel ampliaron los plazos de ejecución sin justificación aparente. Debido a las ineficiencias e irregularidades de los informes producidos por la firma KPMG y el estudio jurídico involucrado, la empresa estatal inició una gran cantidad de juicios que nunca se cobraron y que generaron al Estado un perjuicio de al menos un millón y medio de dólares.