16 de junio de 2024
16 de junio de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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El debate continuará el próximo lunes 31 de marzo con los alegatos de las defensas
La fiscal pidió cuatro años de prisión para María Julia Alsogaray
Sabrina Namer consideró responsable del delito de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en carácter de autora" a la ex polifuncionaria. Por el mismo cargo, solicitó 3 años de prisión en suspenso para el ex Coordinador General de ENTel, Gustavo Daneri.

La fiscal Sabrina Namer pidió cuatro años de prisión para María Julia Alsogaray por considerarla responsable del delito de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en carácter de autora". Por la misma calificación penal, solicitó tres años de prisión en suspenso para el ex coordinador general de ENTel, Gustavo Daneri. La representante del Ministrerio Público consideró partícipe a Hernán Pflaum de la empresa KPMG, y requirió dos años en suspenso, mientras que solicitó la absolución de Juan Carlos Pickhenhayn, también representante de KPMG.

Durante su alegato, la fiscal dio por acreditado que Alsogaray, en su condición de titular de ENTel en liquidación junto con el coordinador general de la empresa pública Daneri beneficiaron de manera indebida y "en contra de los intereses del Estado" a la Unidad Transitoria de Empresas (UTE) compuesta por las firmas KPMG, Copiga y el estudio Fernández Madero.

Consideró probado que Alsogaray y Daneri otorgaron de manera irregular el contrato de obra pública, donde se especifica que se pagaría 488 mil pesos y una retribución del 18% por el material que se recuperara. Las irregularidades mencionadas por Namer consistieron en un direccionamiento de la contratación, al limitar la cantidad de empresas que pudieran acceder, algo que impidió que el Estado contar con la posibilidad de una oferta mejor.

Según el alegato, ese 18% se fijó en el contrato como retribución contingente del material que se encontrara para hacer más "seductora" la oferta, pudiendo oscilar esa cifra entre los 360 mil pesos y los 36 millones. El dinero sería directamente apropiado por la UTE como parte de su trabajo, lo que significaba un engrosamiento del costo de contrato para ENTel y un enriquecimiento sin causa para la UTE.

Además, a la ex polifuncionaria menemista y a Daneri se les imputa la prorróga del contrato a favor de los mismo beneficiarios y sin causa alguna. Estas ampliaciones y prorrogas fueron posibles debido al diseño legal armado por el propio Daneri, donde se excluyó deliberadamente a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) como organismo de control.

Namer acusó a Alsogaray de haber contratado de manera "indebida y exclusivamente para beneficiarlos", mediante una resolución a tres consultores técnicos, por un valor de 185 mil pesos para hacer el mismo trabajo que ya le había pagado a la UTE.

La representante del Ministerio Público siguió con su alegato en base al informe que presentó la SIGEN, redactado por los licenciados Pérez Vélez y Carcavallo, que prestaron declaración testimonial durante el debate.

"Los funcionarios de la Unión Transitoria de Empresas sabían que hicieron una oferta con información que le proveyeron funcionarios de ENtel", expresó la fiscal y afirmó que resulta "una farsa", la apariencia legal que se le hizo a la contratación.

Luego, realizó una exposición donde explicó que si se tomaban en cuenta las horas para hacer los trabajos de liquidación que figuraban el contrato de la UTE, 3,58 personas de las empresas debían dedicarse exclusivamente durante 6 meses a las tareas relacionadas con ENTel, algo que no se condice con los testimonios recolectados durante el juicio.

Por otra parte, cuantificó las pérdidas para el Estado en más de 5 millones de pesos-dólares, una cifra que puede aumentar, ya que aún hay juicios pendientes. Además, aclaró que sólo se ganó un debate por 1.960 pesos, menos el 18% que puede reclamarle aún la UTE.

En base a todo lo expuesto, Namer solicitó cuatro años de prisión para Alsogaray, por considerarla una funcionaria que había ocupado diferentes cargos de elevada jerarquía y con amplia experiencia en el manejo de fondos públicos. También, tenía conocimiento del funcionamiento de los diferentes circuitos jurídicos de la administración "lo cual le permitió poner en práctica y dar visos de legalidad a la maniobra delictiva llevada a cabo".

En cuanto a Daneri, tuvo como circunstancias agravantes los cargos que ocupó dentro de ENTel (había sido titular de la Gerencia de Asuntos Legales y Coordinador General) y también su conocimiento de los circuitos jurídicos de la administración, por lo cual solicitó tres años de prisión en suspenso. Como antenuante, tomó en cuenta su cese en la función pública  a partir de diciembre de 1995.

Con respecto a los representantes de KPMG, para Hernán Pflaum solicitó dos años de prisión en suspenso por su "elevado nivel de instrucción con la consiguiente capacidad en la norma que en virtud de ello poseía". Para  Pickhenhayn solicitó la absolución ya que no tuvo ninguna otra intervención que la firma en el contrato debido a que era uno de los socios más antiguos de la empresa.

Además, Namer solicitó la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos en los casos de Daneri y Alsogaray. El debate continuará el próximo lunes 31 de marzo, cuando las defensas comiencen con sus alegatos.

La causa

Los hechos investigados corresponden a un contrato, supuestamente fraudulento, que realizó en 1994 la ex ENTel con la Unión Transitoria de Empresas (UTE), integrada por las firmas “KPMG”, “Copiaga S.A.”, y por el estudio Fernández Madero. La contratación se realizó mediante un concurso privado de precios y preveía tareas de liquidación y certificación final de contratos de obra pública que había firmado la telefónica estatal.

Según se pudo establecer, las autoridades de ENTel ampliaron los plazos de ejecución sin justificación aparente. Debido a las ineficiencias e irregularidades de los informes producidos por la firma KPMG y el estudio jurídico involucrado, la empresa estatal inició una gran cantidad de juicios que nunca se cobraron y que generaron al Estado un perjuicio de al menos un millón y medio de dólares.