El Tribunal Oral Federal de Jujuy condenó este miércoles a un gendarme a la pena de 17 años de prisión por el homicidio de un estudiante de turismo de 22 años, ocurrido en febrero de 2025 cuando el joven cruzó la frontera procedente de Bolivia por un paso ilegal. En el caso, intervinieron el fiscal federal Federico Zurueta y la auxiliar fiscal Marina Cura.

El juicio contra Walter Álvarez se había iniciado el pasado 5 de mayo y el 8 de junio pasado, el tribunal integrado por los jueces Domingo Batule, Diego Matteucci y Alejandra Cataldi lo había considerado responsable del delito de homicidio con dolo eventual. Esta semana se llevó adelante la determinación de la pena, donde el MPF requirió 18 años de prisión.

El caso

El 6 de febrero del 2025, Ivo Torres —integrante de la comunidad indígena Juan de Quillaques— manejaba una motocicleta cuando cruzó la frontera en la zona conocida como “ladrillera”, en la ciudad de La Quiaca. En su mochila llevaba 30 kilos de hojas de coca.

Tras ser divisado por una patrulla del Escuadrón 21 de Gendarmería, integrada por el acusado, se inició una persecución que se extendió por poco más de 3 kilómetros y duró aproximadamente 6 minutos. El gendarme hizo tres disparos disuasivos, tras lo cual su superior ordenó no disparar. Sin embargo, Álvarez realizó otros 6 tiros más: uno de ellos ingresó por la espalda de Torres y lo mató.

Cabe indicar que al momento de los alegatos por la responsabilidad penal del acusado, el fiscal Zurueta, a cargo del Área de Casos Complejos, había requerido que Álvarez sea declarado culpable del delito de homicidio agravado por el abuso de sus funciones y el uso de arma de fuego, lo que habría permitido valorar una pena de prisión perpetua.

La querella, por su parte, había pedido que se aplique el agravante de alevosía, mientras que la defensa planteó como calificación penal la de homicidio con exceso en el cumplimiento de su deber, o bien, de índole culposo, cuya escala penal va de 1 a 5 años de prisión.

Ante estas dos posturas, el tribunal, con los votos de Batule y Matteucci, resolvió declarar al acusado penalmente responsable del delito de homicidio simple, mientras que la jueza Cataldi, en minoría, se inclinó por la calificación de homicidio agravado por ser cometido en abuso de sus funciones.

La pena

Durante el juicio de determinación de pena realizado esta semana, el tribunal escuchó a dos testigos de la defensa y al gendarme, que pidió perdón a la familia de la víctima y a la suya, además de expresar el pesar que carga por haber disparado. El fiscal había requerido una pena de 18 años de prisión, mientras que la querella de la familia de Ivo Torres pidió 22 años y la defensa solicitó el mínimo de la escala penal, que son 8 años.

Luego de la deliberación, el tribunal realizó un adelanto de los fundamentos para explicar el monto de la pena que fijó. En ese marco, el juez Batule sostuvo que tuvieron en cuenta todas las circunstancias agravantes y atenuantes para determinar la pena. Remarcó la coincidencia de sus pares en este análisis y mencionó la condición de miembro de una fuerza de seguridad que portaba un arma de fuego que debería usarse en defensa de la vida y no para delinquir como factor agravante.

Mencionó que con su accionar, el gendarme causó un grave daño no sólo a la víctima y su familia, sino también en la sociedad que depositó su confianza en su labor. El tribunal también remarcó el hecho de que el acusado no respeto el protocolo establecido por el Ministerio de Seguridad de la Nación respecto al uso de armas de fuego y tampoco lo hizo tras escuchar la orden de no disparar dada por su superior.

La jueza Cataldi, en tanto, resaltó el quiebre de confianza con la función de seguridad por parte del imputado. Por último, se dirigió a la familia de Torres y reconoció que la muerte de Ivo "dejó un vacío que no lo podrán cubrir", ya que se trata de una ausencia que va a permanecer en el tiempo. “Ustedes serán innominados”, dado que consideró que "no hay palabras para nombrar a los padres y madres que pierden un hijo".

Responsabilidad acreditada

“Estamos en presencia de un homicidio lamentable, pero acreditado en cuanto a cómo ocurrieron los hechos”, afirmó el fiscal en su alegato, tras lo cual puso sobre relieve las numerosas pruebas que —a su criterio— demostraron el accionar doloso del acusado.

Resaltó la coincidencia entre lo declarado por los tres gendarmes que iban en el móvil respecto a que fue el único que sacó el arma reglamentaria e hizo disparos. Destacó también el valor probatorio de las imágenes de las cámaras recolectadas y la inspección ocultar realizada por el tribunal en el lugar del hecho. Dividió el itinerario en dos secuencias claves: por un lado, el momento en que el acusado realizó tres tiros preventivos, tras lo cual el jefe de patrulla ordenó el cese de disparos.

En una segunda parte, el gendarme desobedeció la orden y volvió a disparar en dirección a la moto y a Torres en seis oportunidades, dos de las cuales impactaron en la víctima. Uno de los disparos fue a su tobillo y el otro atravesó la mochila, los paquetes de hojas de coca e ingresó por la espalda, perforó la región pulmonar y salió por el pecho.

Según lo declarado por los peritos, los disparos que dieron en la moto y los dos que impactaron en el cuerpo de la víctima se hicieron a corta distancia. Según el derrotero de la persecución, habría sido cuando el gendarme se bajó de la camioneta para perseguir a Torres, quien bajó al cauce del río.

En su exposición, el representante del MPF remarcó el hecho de que el acusado actuó con dolo eventual, ya que fue advertido de no disparar y desobedeció esa orden. Indicó que sabía cómo disparar, que violó los protocolos de actuación y que era consciente de que podía causar la muerte, lo que no le impidió seguir adelante con sus acciones.

Rechazó que el gendarme haya actuado impulsivamente, ya que “tenía sobrados motivos para repensar su conducta, pero hubo una instancia en seguir”. Refirió la ausencia absoluta de la víctima de causar algún daño a terceros, ya que se trataba de una zona inhóspita. “Ivo solo miraba hacia atrás, no hubo indicio de que estaba armado, solo llevaba hojas de coca, unos chocolates y unos turrones”.

Por último, subrayó la preparación del imputado, que tenía una trayectoria de 18 años en la fuerza, con todos los exámenes cumplidos en materia de uso de armas. “Era un experto en el manejo de armas, no fue un disparo impulsivo ni un error gigante como afirmó”, agregó.