En sintonía con el dictamen de la fiscal general interina María Claudia Frezzini, la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca declaró al Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche como el órgano jurisdiccional competente para intervenir en el proceso de extradición a Chile de Facundo Jones Huala, quien fue detenido el 30 de enero en la localidad de El Bolsón.

La decisión sobre el caso se dio en el marco de un conflicto de competencia suscitado entre los juzgados federales de primera instancia de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, y de Esquel, provincia de Chubut. La Cámara Federal roquense sostuvo que debía aplicarse la norma del artículo 113 de la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal, que establece que “en caso de arresto provisorio efectuado sin previa intervención judicial, será competente el juez federal con competencia penal que tenga jurisdicción territorial en el lugar donde se efectuare y que estuviera en turno al momento del arresto”.

El juzgado de Bariloche había argumentado como pauta para declarar su incompetencia el domicilio del imputado, quien en el momento de su detención expresó que vivía en Cushamen, provincia de Chubut. La Cámara remarcó la inestabilidad de la residencia de una persona prófuga y señaló que sus dichos no configuran el domicilio como real, “más si se trata de alguien quien hasta el momento de su detención registraba, de acuerdo a la información que sirvió de base para decidir -Notificación Azul de Interpol por quebrantamiento de condena-, como último domicilio uno del vecino país – Chile-, en tanto allí fue condenado y se fugó mientras se encontraba en cumplimiento de la pena impuesta”.

La Cámara Federal acordó con lo expuesto por la fiscal Frezzini, quien resaltó que, al momento del ingreso de la notificación roja -que promueve la detención de una persona buscada- de Interpol, Jones Huala permanecía detenido en la Comisaria 36 de la ciudad de San Carlos de Bariloche, “por lo que su residencia durante el trámite tampoco varió”.

La causa

Facundo Jones Huala, quien había sido condenado en Chile por incendio y tenencia de armas de fuego, fue detenido por la Policía de Río Negro el 30 de enero en el barrio La Esperanza, en El Bolsón, tras la denuncia de una vecina, quien comunicó que había una persona gritando afuera de su domicilio, golpeándole la puerta y que “temía por la situación”. En el momento de la detención, la policía constató que el buscado no portaba su documento de identidad y, que, al ser conducido al automóvil policial, esgrimió ser “el líder mapuche Jones Huala”.

En ese contexto, intervino el Juzgado Federal de Bariloche que, luego de constatar que la persona identificada contaba con una notificación azul -cuyo objeto es la ubicación del paradero de una persona buscada- de Interpol vigente, ordenó oficiar de manera urgente al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación; a Interpol y a la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional del Ministerio Público Fiscal para que, en el plazo de cuatro horas informaran a esa sede "los alcances de la alerta y por intermedio de sus canales institucionales certifiquen ante las autoridades de la República de Chile si interesa la detención del nombrado".

El Juzgado Federal de Bariloche se declaró incompetente y apreció que la detención del imputado por un presunto delito ordinario cometido en El Bolsón “era inoperante para atribuir la jurisdicción del Juzgado Federal de Bariloche por entender que el procedimiento de extradición es de ayuda y no reviste la condición de causa judicial en sentido estricto”. A su vez, advirtió que la posterior inscripción de una circular roja en los registros de Interpol no modificaba su criterio, ya que fue posterior a las comunicaciones realizadas.

Por último, sostuvo que la jurisdicción competente para intervenir era el Juzgado Federal de Esquel, ya que -cuando fue arrestado- Jones Huala manifestó que su lugar de residencia era la localidad de Cushamen, provincia de Chubut. Frente a ello e ingresada la causa al Juzgado Federal de Esquel, la magistrada a cargo rechazó la competencia territorial endilgada y devolvió la causa al juzgado de origen. Ante el conflicto, actuó la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, quien antes de resolver dio traslado del conflicto a la fiscal Frezzini para que emita su dictamen.