Ante el recurso de la Defensoría Pública Oficial N°16 en lo Criminal y Correccional

La Cámara Nacional de Casación Penal confirmó el rechazo del habeas corpus colectivo por los traslados de los detenidos del penal de Devoto al de Marcos Paz

Los jueces de la Sala de turno entendieron que la presentación era inadmisible, en tanto solo demostraba una discrepancia con la valoración de las pruebas que hicieron los jueces de las instancias previas. La decisión se dio en sintonía con la postura del titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°44, Pablo Recchini.

La Sala de turno de la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó el rechazo del habeas corpus colectivo y correctivo presentado por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) ante el traslado de 326 personas alojadas en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicado en el barrio de Villa Devoto, al nuevo establecimiento de Marcos Paz.

De esta manera, los jueces Gustavo Bruzzone y Daniel Morin rechazaron el recurso de casación interpuesto por la Defensoría Pública Oficial N°16 en lo Criminal y Correccional contra la decisión de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que, el 16 de octubre pasado, confirmó la sentencia dictada por el juez Santiago Bignone, en línea con la postura del titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°44, Pablo Recchini.

Para así decidir, los camaristas declararon inadmisible la presentación de la defensa, por considerar que carecía de fundamentación y porque “sólo exhibe una discrepancia con la valoración de las constancias efectuada por los magistrados intervinientes en las instancias previas, sin demostrar arbitrariedad en el razonamiento ni errónea aplicación de la ley sustantiva”.

En esa línea sostuvieron que los perjuicios enumerados por el recurrente, respecto al acercamiento familiar, tratamientos médicos, el ejercicio de institutos liberatorios, salidas transitorias y educación, son, “por su propia naturaleza, heterogéneos y dependientes de las circunstancias personales de cada detenido”. Así consideraron que la enumeración “reforzaba la conclusión de las instancias anteriores en cuanto a que tales situaciones deben ser examinadas en cada caso concreto y no habilitan la adopción de una medida de alcance general”.

El caso

El 11 de octubre pasado, la Procuración Penitenciaria de la Nación presentó un habeas corpus colectivo y correctivo en favor de 326 personas detenidas en el complejo de Devoto. Cuestionó que los traslados hacia el nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz se hubieran dispuesto sin informar previamente a las defensas y a los juzgados y tribunales intervinientes los establecimientos de destino, en presunto incumplimiento del “Protocolo de Traslado de Personas Privadas de su libertad en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal” (SPF).

También advirtió sobre la posible interrupción de los estudios universitarios de las personas —mayoritariamente alojadas en los pabellones 50 y 52—, que cursaban carreras en el Centro Universitario Devoto (CUD), en el marco del Programa UBA XXII, y sobre las consecuencias que los cambios de alojamiento podían tener para quienes contaban con salidas transitorias.

En aquella oportunidad, el fiscal Recchini opinó que debían rechazarse la acción al entender que “si bien por razones de seguridad no se han dado cumplimiento con los plazos de las notificaciones, de manera alguna ello refleja un desmejoramiento de las condiciones de detención”. También señaló que se trataba de una situación inédita y excepcional, dado que no era un traslado ordinario, sino un operativo masivo vinculado con el cierre definitivo de un establecimiento penitenciario. En ese contexto, afirmó que los derechos de las personas detenidas debían resguardarse, pero también debían contemplarse las particularidades de una relocalización que involucraba a más de 300 personas.

Asimismo, indicó que el objetivo del traslado era mejorar las condiciones de detención y que las autoridades penitenciarias estaban trabajando para garantizar la continuidad de los estudios y evaluar cómo hacer efectivas las salidas transitorias desde el nuevo complejo.

Por su parte, el juez Bignone —cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°60— rechazó el habeas corpus colectivo al considerar que no se configuraba “una afectación colectiva actual ni un riesgo cierto e inminente de agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención que justifique la adopción de las medidas generales pretendidas, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder ante eventuales situaciones concretas que se verifiquen en el futuro y de la intervención de las autoridades competentes para su adecuada atención”.

El nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, donde fueron trasladados algunos de los detenidos - Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Agregó, en base a la prueba incorporada a las actuaciones, que no se acreditó “una afectación concreta de la integridad personal de las personas trasladadas, de sus vínculos familiares, de la finalidad de reinserción social de la pena, de los derechos de los niños eventualmente involucrados ni de las garantías judiciales y la protección judicial”.  Tampoco encontró elementos que demostraran que el cambio de establecimiento “haya ocasionado una vulneración de esos derechos o genere, en las condiciones actualmente acreditadas, un riesgo cierto e inminente de que ello ocurra”.

La decisión fue recurrida por los representantes de la Defensoría General de la Nación y, el 14 de octubre, los jueces de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Rodolfo Pociello Argerich y Hernán Martín López, la confirmaron. Sin embargo, establecieron una serie de medidas para asegurar el cumplimiento de las reglas que rigen las comunicaciones de los traslados y garantizar las tareas de inspección y monitoreo de la Procuración Penitenciaria.