La titular de la Fiscalía de Instrucción n°4, Cristina Caamaño Iglesias Paiz, requirió el sobreseimiento de catorce delegados de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro (A.G.T.S. y P.), en el marco de una denuncia formulada por un apoderado de Metrovías S.A. tras una medida de fuerza gremial adoptada el 18 de marzo de 2016.

Según la denuncia, en el contexto de un conflicto laboral, los delegados habrían desconectado por un lapso de tres horas las llaves térmicas que abastecen de electricidad a un conjunto de estaciones de la red de subterráneos metropolitana con el objetivo de impedir el funcionamiento de molinetes y, de tal forma, garantizar el acceso gratuito a los usuarios, “ocasionando una grave pérdida económica a la empresa prestataria del servicio”.

A partir de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía de Instrucción n°4 se determinó que tal medida de fuerza habría sido adoptada por los delegados gremiales a raíz de la decisión de la empresa “Subterráneos de Buenos Aires S.E.” –empresa del G.C.A.B.A. que tiene a su cargo la administración de la red de subtes, expansión y el control de la operación de servicio-, de instalar las maquinarias “TAS” para la carga automática de la tarjeta “SUBE”, medida que sería acompañada de un recorte del personal de planta. La pesquisa incluyó, entre otras medidas, la recepción de declaraciones testimoniales de coordinadores, jefes y supervisores de las líneas y estaciones afectadas, así como el análisis de los registros fílmicos de las cámaras de seguridad instaladas en las estaciones involucradas.

Un conflicto laboral

A la hora de fundamentar el sobreseimiento de los delegados gremiales, la representante del MPF consideró que la denuncia no fue más que un mero intento de criminalizar un conflicto laboral que mantenía la empresa con la asociación sindical, con motivo de la adopción de una medida por parte de la patronal, que a criterio del sindicato traería aparejada un recorte en el personal de planta.

En este sentido, se destacó que más allá de la legitimidad y veracidad de las razones que llevaron a los delegados gremiales a adoptar dicha medida de fuerza, se advertía la existencia de un conflicto de neto corte laboral, que se habría suscitado en el marco de la aplicación de una política socioeconómica a nivel nacional, que como es sabido habría generado la pérdida de diversos puestos de trabajo, tanto en el sector público como privado.

La representante del MPF consideró que la denuncia no fue más que un mero intento de criminalizar un conflicto laboral que mantenía la empresa con la asociación sindical.

“En tal inteligencia, no se advierte que el accionar de los imputados posea el tinte defraudatorio que la firma ‘Metrovías S.A.’ pretende asignarle, siendo menester destacar que las cuestiones hasta aquí suscitadas dan cuenta de la existencia de un conflicto de intereses, que a criterio de la suscripta sería ajeno al Derecho Penal, dado su carácter de última ratio”, indicó la fiscal.

En esa línea, Caamaño Paiz concluyó que el Derecho Penal resultaba “excesivo” para abordar el conflicto bajo análisis,  “no resultando adecuada la respuesta de nuestra materia para dirimir el mismo, toda vez que por su naturaleza puede, y debe, ser resuelto por otros mecanismos jurídicos propios del Derecho del Trabajo”.

Así las cosas, la fiscal requirió el sobreseimiento de los delegados: Manuel Roberto Compañez, María Victoria Chaves, Alexis Emiliano Negle, Julieta Marcela Leiva, Gustavo Daniel Sirolli, Lorenzo Víctor Rodríguez, Jesica Tamara Palmisciano, Walter Fernando Calderón, Lucas Martín Guerrini, María Agustina Chaves, María Eugenia Sánchez, Rocío Belén Córdoba, Walter Mauricio Gayoso y Óscar Víctor Guevara​.