La fiscal federal Stella Maris Scandura dio su consentimiento para la suspensión del juicio a prueba de la vedette Victoria Xipolitakis y los ex pilotos Patricio Zocchi Molina y Federico Soaje, en el marco del proceso iniciado para determinar si se puso en peligro la seguridad del vuelo de Austral AU 2708, que en junio de 2015 realizó el trayecto entre Buenos Aires y Rosario.

Durante la audiencia realizada ayer ante la magistrada del Tribunal Oral Federal N°4, Gabriela López Iñíguez, los representantes legales de la aerolínea coincidieron con la postura de la Fiscalía General N°2, en tanto que un grupo de querellantes se opuso a que accedan al instituto previsto en el artículo 76 bis del Código Penal de la Nación.

La fiscal sopesó, entre otras cosas, la situación personal de los ex pilotos de la aerolínea y la inexistencia de antecedentes penales. Por ese motivo, pidió como reparación del daño que los imputados entreguen la suma de 20 mil pesos cada uno -que la línea aérea se comprometió a donar-, y que realicen un curso dictado por la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA).

Por otra parte, instó a que las tareas comunitarias propuestas por Xipolitakis, Zocchi Molina y Soaje sean durante un año y medio, en lugar de uno. La mujer las llevaría a cabo en el comedor “Los Piletones” de Margarita Barrientos dos horas a la semana y deberá presentar las constancias correspondientes de manera trimestral. Zocchi Molina ofreció hacer tareas de mantenimiento en un asilo y Soaje en una fundación para niños.

La investigación

La etapa de la instrucción de la causa estuvo a cargo del fiscal federal Carlos Rívolo, quien solicitó su elevación a juicio en mayo del año pasado. En ese escrito, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró acreditado que Xipolitakis fue invitada por el comandante Zocchi Molina a ingresar y permanecer en el cockpit de la aeronave Embraer 190 “en el vuelo AU 2708 del 22/6/15 que fuera piloteada por Soaje, quien aceptó que la nombrada viajara en la cabina”. Rívolo advirtió que “ambos pilotos mantuvieron conversaciones no esenciales con Xipolitakis y que además permitieron que operase el acelerador del avión durante la fase crítica de despegue”.

La conducta de las tres personas fue encuadrada en el delito previsto por el artículo 190 del Código Penal de la Nación, que establece que “será reprimido con prisión de dos a ocho años, el que a sabiendas ejecutare cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de una nave, construcción flotante o aeronave”.