El fiscal Sandro Abraldes pidió cinco años de prisión para un policía que detuvo ilegítimamente al hijo de un juez de instrucción, luego de que el joven lo increpara por haberle robado dinero durante una requisa en la calle. Además, solicitó que se condene al ex comisario de la Seccional 53º Claudio Abbondanza a cuatro años y seis meses y al ex subcomisario Sergio Cosentino a tres años y medio de prisión por encubrir al agente.

La causa involucró al hijo de un juez y a un amigo de éste, contra quienes se construyó una falsa imputación penal por los delitos de atentando y resistencia a la autoridad, según el fraguado sumario policial elaborado en la comisaría 53. El fiscal también requirió una pena de dos años de cárcel para un cuarto efectivo policial, por mentir en su declaración en contra de los jóvenes.

El 28 de marzo de 2009, alrededor de las tres y media de la mañana, las víctimas caminaban por la Avenida Del Libertador a la altura de la avenida Coronel Díaz mientras tomaban cada uno una cerveza. Cuando terminó su bebida, Schenone tiró el envase contra el cordón, lo que provocó que la botella se rompiera, y luego continuó la caminata con su amigo.

En ese momento, el policía Carlos Diego Pens les gritó para que se detuvieran y los hizo apoyarse contra la pared para revisarlos. Durante la requisa, sacó del bolsillo de atrás del pantalón de uno de ellos  25 pesos y las llaves de su casa. Cuando los jóvenes estaban por irse, el hijo del juez se dio cuenta que le faltaba el dinero y le exigió que se lo devolviera. Pens les dijo que se vayan porque en caso contrario se los iba a llevar detenidos.

Como los jóvenes continuaban con el reclamo, el agente los esposó mientras esperaba la llegada de otros móviles policiales. Según la declaración que hizo Pens, las víctimas forcejearon con él, intentaron quitarle el arma y hasta lo amenazaron. Cuando llegaron más policías, ambos jóvenes intentaron contar lo que había sucedido pero de todas maneras fueron trasladados a la comisaría, donde estuvieron detenidos algunas horas.

La versión de Pens intentó ser respaldada por testimonios de otros policías y supuestos testigos del hecho. Estos fueron quienes luego, en la fiscalía, sostuvieron que no habían dicho lo que estaba escrito en las actas policiales. El fiscal explicó que varias de esas testimoniales se tomaron incluso en los domicilios de las personas y no en la comisaría. Indicó que desde la jefatura de la 53º comenzaron a amedrentar y a perjudicar a los testigos a medida que declaraban en sede judicial en contra de la versión policial.

Lo que dijo el agente Pens fue negado no sólo por los damnificados sino también por el encargado de un edificio cercano, que negó haber visto algún tipo de forcejeo o de amenaza contra el policía. Hasta recordó que ambos jóvenes intentaron decirle a los otros efectivos que el policía les había robado. Cabe resaltar que el agente que formalizó la detención fue el jefe de servicio externo Mario Fonseca, a quién el fiscal acusó por el delito de “falso testimonio agravado por haber sido cometido en causa criminal y en perjuicio del inculpado”. Para la fiscalía, cumplió la orden ilegal que le dieron sus superiores.

Otro de los testigos del caso fue el empleado de una pizzería del barrio, donde el subcomisario Cosentino iba frecuentemente y donde Pens hacía “adicionales”. Fue él quién aseguró que luego de su primera declaración, Cosentino lo llamó para que la cambiara y le mandó dos agentes a su casa para que firmara una nueva. También, le relató al Tribunal que después de este hecho lo echaron de su trabajo y comenzó a recibir amenazas.

Abraldes calificó a Pens como un “delincuente con uniforme de policía” y consideró que si bien podía tener una causa para demorar a los jóvenes (por utilizar el espacio público como privado), se aprovechó de la situación y “utilizó lo que el Estado le da para robar y avasallar la libertad ambulatoria individual”. “Mientras existan policías que le metan la mano en el bolsillo a un ciudadano, la aspiración de profesionalismo y responsabilidad que debe tener una fuerza de seguridad será simplemente una mera declaración de principios”, afirmó.

Señaló Abraldes que el comisario era la máxima autoridad de la 53º, quién debía hacer cumplir la Constitución y que, sin embargo, se involucró y dirigió la maniobra.  “Confundió lo público con lo privado, mostró territorialidad y poder con su accionar”,

La fiscalía sostuvo que desde la comisaría “cubrieron” a Pens. Indicó que los testigos que luego se desdijeron en la fiscalía fueron “reclutados” por Cosentino a través del contacto que tenía con los dueños de los comercios de la zona. Recalcó que con el testigo que fue despedido de su trabajo tenía una relación previa e hizo hincapié en las amenazas y llamados intimidatorios que recibió el hombre.

Con respecto al comisario Abbondanza, sostuvo que encubrió a todos los que participaron de la maniobra, dándole legitimidad a las actas fraguadas. Durante el debate, el juez y padre de una de las víctimas contó su reunión con el comisario aquél día: “esto se podría haber manejado de otra manera; aparte doctor mancharse las manos por 25 pesos”. El magistrado marcó que después el acusado se rectificó: “en realidad, no hay que mancharse las manos con nada”.

Señaló Abraldes que el comisario era la máxima autoridad de la 53º, quién debía hacer cumplir la Constitución y que, sin embargo, se involucró y dirigió la maniobra.  “Confundió lo público con lo privado, mostró territorialidad y poder con su accionar”, afirmó y agregó: “hubo una decisión de apartarse de la ley para dar cobertura a la actuación ilegal de sus subordinados”.

Para Abbondanza, Cosentino y Pens, el fiscal pidió diez años de inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos. Para Fonseca, exigió cinco años.